El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Charles Dennis Bland Crespo, fue consultado sobre el veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, a lo que aseguró que los fondos no se invierten por problemas burocráticos.
Bland Crespo fue consultado sobre la decisión del Congreso de no conocer el veto presidencial, previo al inicio del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2025, que se realizará este jueves 9 de octubre.
Ante ello, el presidente del Cacif aseguró que “es algo que hemos venido sufriendo como país, y más en estos últimos años, cómo hacer para que el dinero que se tiene, porque se tiene, cómo hacemos para que se invierta y que se invierta eficientemente”.
De acuerdo con el dirigente del sector empresarial, existe una burocracia para poder ejecutar proyectos, así como complicaciones, principalmente en instituciones del gobierno para invertir en Guatemala.
“Ha sido complicado y creo que este es un resultado de todos estos problemas que hemos venido viendo y que lejos de resolverlos, cada vez tenemos más burocracia”, remarcó Bland Crespo.
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CONGRESO NO CONOCE VETO
La alianza de oposición se negó a conocer el veto del presidente Arévalo sobre la ley que permite a los Codedes retener los fondos que no se ejecuten en el Presupuesto 2025, sin que haya mayores controles sobre los desembolsos, y sean utilizados el próximo año.
El diputado del Partido Unionista, Álvaro Arzú Escobar, argumentó que el mandatario publicó el veto el lunes 6 de octubre, pero el acuerdo gubernativo no contaba con día de entrada en vigencia, por lo que según el Decreto 18-16 debía entrar en vigencia 3 días después, es decir, hasta el próximo jueves y fuera del plazo constitucional.
El congresista expuso que el artículo 178 constitucional establece que debe haber un “previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros”. “La ley es clara que las decisiones de un cuerpo colegiado como lo es el Consejo de Ministros su decisión entran en vigencia, cuando entran en vigencia el acuerdo gubernativo, y el acuerdo 18-2016 que está vigente al día de hoy, en su artículo tercero dice lo siguiente: los acuerdos del Ejecutivo y el Organismo Judicial que no indiquen cuando entran en vigor, se presume que su vigencia principiará dentro de los tres días siguientes a su publicación”, añadió.
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También, los jefes de bloque de Vamos, Allan Rodríguez, y de Valor, Elmer Palencia, señalaron que se trataba de un error de fondo y no de forma por parte de la Secretaría General de la Presidencia.
Los diputados oficialista Raúl Barrera y José Carlos Sanabria aseguraron que el artículo 178 constitucional no habla de su publicación en el Diario de Centro América, a la vez, que indicaron que no se podía aplicar el acuerdo 18-86.
Sin embargo, con 86 votos, el Congreso aprobó la sanción y publicación de la normativa para que entre en vigencia.
