Después de los días convulsos de violencia por las maras en los últimos meses, y tras la declaración del gobierno de Trump en declarar a la Mara 18 como terroristas, varios diputados del congreso de la república, se reunieron con el objeto de ponerse de acuerdo para declarar a las maras como terroristas dejando de lado la aplicación de una ley que se aplique al tema relacionado con todo el abanico de crímenes que cometen estos grupos organizados.
Estos grupos son los causantes de la mayoría de delitos y actividades criminales que las maras llevan a cabo, y que estos dirigen desde el interior de las cárceles. Para ello, varios diputados en la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque el pasado 29 de septiembre, solicitaron agendar la iniciativa 5692, que aprueba reformas al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, para que fuera conocida y aprobada de urgencia nacional en la Sesión Plenaria del martes 30 de septiembre. Esta iniciativa fue presentada en el año 2020 por el Ejecutivo, y que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional, Comisión de Gobernación y la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, la misma declara las actividades de las maras como de alta peligrosidad, igualmente presentaron una iniciativa de ley denominada ley cero extorsiones desde prisión, considerando el aumento de las maras en el país y sus actividades dentro y fuera de los centros penitenciarios.
También se declaran medidas extraordinarias a los reclusos miembros de maras, como el traslado y atención diferenciada, con protocolos de seguridad específicos. Igualmente, se asigna un presupuesto de Q700 millones para la construcción, adecuación, equipamiento y funcionamiento de dos centros de máxima seguridad.
En esta iniciativa se contempla una unidad especial de supervisión y resguardo y habilitar dos centros de detención que son Centro Especial de Máxima Seguridad para Integrantes de Maras (Cemas) “El Encierro”, que será preventivo y Cemas “Destino Final”, que será el de cumplimiento de condena, algo parecido como pasa en El Salvador con el CECOT. Pero cabe indicarse que no puede haber una ley que sea bien aplicada sino hay una reforma a la ley del sistema penitenciario y la formación de una guardia especial que resguarde a los sindicados y condenados provenientes de los grupos de las maras.
En ese sentido el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, indica la Constitución, que en la práctica es un reto difícil que obliga a las autoridades y a los órganos de justicia, fieles cumplidores del mandato constitucional y los grupos antisociales que se han conformado desde hace más de cuatro décadas, tienen atrapada y cuasi secuestrada a la población que se mantiene en zozobra, por el peligro constante de los antisociales que se han desplegado en todo el país, extorsionando, asesinando a sus víctimas que obligan bajo amenazas a cumplir con las extorsiones que ha dado origen a que los dirigentes de las clicas amasen fortunas millonarias.
“Proteger” es favorecer a la persona (individual o jurídica). El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no tiene clara difusión de lo que es “una mara”. Investigaciones periodísticas indican que el origen de las maras fue en el este de Los Ángeles, California, Estados Unidos en la década de los años 70, 80, y 90 del siglo pasado, nacieron diversos grupos de pandillas cuyos integrantes pertenecían a diversidad de razas migrantes originarias de Centroamérica, en su mayoría jóvenes que lograron asilo, huyendo de la guerra de sus países (entre guerrilla y Estado).
Estos grupos jóvenes salvadoreños se organizaron, comenzaron marcando territorio frente a otras pandillas, unas afroamericanas y mexicanas. Las pandillas, cuyos integrantes procedían específicamente de la República de El Salvador, adoptaron el sobrenombre de Salva-Trucha, por su origen salvadoreño y el nombre de un pez. Las autoridades estadounidenses, debido a las actuaciones criminales de las relacionadas pandillas, les revocaron el asilo político, deportaron a sus integrantes a su país de origen.
Los cuscatlecos en su país continuaron y se organizaron cometiendo toda clase de ilícitos, desde las extorsiones, y asesinatos. Para evitar la persecución de las autoridades, los principales cabecillas se trasladaron a Guatemala, asentándose en zonas marginales de la ciudad, donde continuaron reclutando a jóvenes guatemaltecos, obligándoles a integrarse a su organización que fue creciendo, extendiéndose inclusive a los departamentos del país.
Las autoridades guatemaltecas de la época han sido incapaces para desarticular las clicas, como el Barrio 18, Mara Salvatrucha, Cara Dura, Imitadores y otros que, desde las prisiones, sus líderes tienen el control de los centros penales, y de allí ordenan ejecuciones originando, encausamiento y procesos, sobornos y asesinatos de quien se niega a sus exigencias.
El presidente Donald Trump califica a las maras como enemigos de guerra en Honduras, El Salvador y Guatemala, los identificó como terroristas y exhortó a esos gobiernos dictar leyes que les den esa clasificación, ello para reforzar con ello la repatriación de migrantes a sus países, al que ahora se suma Venezuela.
El Congreso de nuestro país acogió la idea norteamericana y exhortó al ejecutivo a promover un anteproyecto para darle esa clasificación. Sin embargo, el Gobierno de Arévalo, no tiene muy clara esa clasificación, considerando que los diputados analicen en mesas técnicas esa situación, que aún está en estudio.
Sin embargo, expertos en el tema de criminalidad, han recomendado que se reformen a fondo los códigos penal y procesal penal, se aplique a los antisociales la Ley del Crimen Organizado, exhortándose al Ministerio Público, al Organismo Judicial y a otras autoridades, ser severos contra los antisociales que se han asociado con narcos y políticos para cometer sus fechorías, que las condenas sean por varios años de cárcel y a la vez que las autoridades bancarias, tengan un rígido control de los movimientos bancarios de esos grupos que han amasado fortunas por varios millones, matando a inocentes y reclutando a jóvenes para unirse a sus grupos.
Si bien es verdad que en los últimos días las fuerzas de seguridad en combinación con fiscales, y con el auxilio del ejército, han hecho allanamientos en varias áreas marginales, El Gallito, zona 3, la zona 18 y otros lugares donde se refugian los criminales, estos han fincado sus residencias en áreas de prestigio para ocultar su identidad. Es urgente que las autoridades armonicen, dicten leyes severas contra las clicas, especialmente contra sus líderes que están en Renovación I (Escuintla) de donde ordenan extorsiones y asesinatos. Se investigue a los políticos y narcos que son los que proveen de armamentos de alto calibre a los dirigentes de esos grupos que los ingresan al país clandestinamente, sobornando a las autoridades migratorias. Muchas de esas clicas guatemaltecas tienen en familias desintegradas, sus progenitores que también han sido delincuentes y han purgado varios años de cárcel.
Es aconsejable que en las reformas a los códigos penal y procesal penal no se acepten los cargos y colaborador eficaz para reducir las penas de los delincuentes, pues al salir libres vuelven a sus acciones delictivas, un hecho común que es del dominio público.
