El veto presidencial al Decreto Legislativo 7/2025 que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural ni siquiera fue conocido en el Congreso, argumentando que el Acuerdo Gubernativo 182/2025 aún no estaba vigente y que, al estarlo ya habrá pasado el plazo que tenía el Presidente para vetarlo. Por lo tanto, el Congreso ordenó la publicación de la ley; ni siquiera entró a conocer el Acuerdo Gubernativo que la vetaba. Para aprobar esta decisión, la oposición contó con 84 votos, ya que, supuestamente, no requería de las dos terceras partes necesarias para rechazar el veto.
Es así como una maniobra leguleya posibilita una “victoria” parlamentaria de la oposición. El ejecutivo planteará las acciones legales que considere pertinentes para impedir la vigencia de “una norma peligrosa que sacrifica la transparencia y la calidad del gasto público”, según lo expresó en un comunicado oficial al respecto.
Esta afirmación se refiere a que esa ley, en la práctica, elimina la necesidad de los avales que tienen que dar las instituciones pertinentes para que los proyectos de los Codedes puedan ser ejecutados. Por eso se le denomina la ley del “gasto exprés”.
Los alcaldes estarán felices con esta normativa, ya que obtener lo avales requeridos implica procesos burocráticos centralizados que suelen tardar mucho tiempo. Por eso, urge la desconcentración del Gobierno, para que estos trámites se puedan agilizar desde los territorios.
Pero una buena parte de estos alcaldes también estarán felices porque les da luz verde para ejecutar sin tener que garantizar transparencia y calidad del gasto.
En todo caso, la realidad es que el gobierno perdió esta batalla parlamentaria ante la oposición corrupta y marrullera. Y que, con esta victoria, dicha oposición se fortalece en su próxima lucha por el control de la dirección del Congreso y de otras decisiones trascendentales relativas a la cooptación que aún mantienen sobre la institucionalidad estatal, particularmente del poder judicial. Otra consecuencia de esta “victoria” es que las redes político criminales que se alimentan de la corrupción se cohesionan.
Ojalá las acciones judiciales que el gobierno emprenderá tengan éxito para intentar revertir estos logros de la oposición corrupta y marrullera.
Por todo lo anteriormente dicho, es necesario que el análisis de esta situación sea hecho desde un contexto más amplio que la simple discusión leguleya.
Lo que está en juego es la construcción de la correlación de fuerzas que permita a las redes político criminales mantener la cooptación de la institucionalidad estatal.
Pero no sólo eso. También está en juego la construcción de un escenario electoral donde la oposición se pueda expresar con correlaciones de fuerzas favorables para regresar al poder ejecutivo. Para decirlo de manera más precisa, para que las redes político criminales recuperen ese poder estatal.
Una alternativa que tiene el Presidente es orientar que se regrese a la estrategia de “negociaciones” que impulsaron los diputados oficialistas cuando, según ellos, iban a lograr constituir una renovada Corte Suprema de Justicia o bien obtener los votos de los diputados corruptos para lograr ejecutar sus recursos presupuestarios. Ni lograron lo primero y, en lo segundo, pudieron haber cruzado la línea de, al menos, tolerar la corrupción o tal vez de participar en ella.
Mi opinión es que, en el difícil escenario actual, el Presidente y los diputados del difunto partido Semilla que aún quedan en la bancada oficialista no deben caer en la tentación de la “grilla” política que los llevó en el pasado reciente, cuando tenían otros operadores políticos, a negociar con corruptos.
