La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) publicó este 3 de octubre un comunicado en el que manifiesta su reconocimiento y valoración al veto presidencial del Decreto 7-2025, destacando su compromiso con la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho. En el documento, la CCG subraya que la normativa contravenía principios constitucionales al permitir la transferencia automática de recursos de un ejercicio a otro, lo que, según su criterio, debilitaría la transparencia y la adecuada administración de los fondos públicos.
El Decreto 7-2025, también conocido como la Ley de Codedes, fue aprobado por el Legislativo con el argumento de agilizar la ejecución de proyectos de desarrollo departamental a través de los Consejos de Desarrollo. Sin embargo, distintos sectores, entre ellos expertos en temas fiscales y organizaciones de sociedad civil, advirtieron que la normativa carecía de controles adecuados y podía facilitar un manejo discrecional de los fondos públicos.
RIESGOS SEÑALADOS POR LA CCG
La Cámara de Comercio enfatizó que la normativa vulneraba el principio de anualidad presupuestaria establecido en la Constitución. Según el comunicado, de haberse implementado, el Decreto habría abierto la puerta a la conformación de fondos públicos paralelos, debilitando la transparencia y la adecuada administración de los recursos del Estado.
La CCG no fue la única organización empresarial que cuestionó la ley. Semanas atrás, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) también había solicitado al Ejecutivo el veto de la normativa, al considerar que generaba riesgos en la gestión presupuestaria y en la fiscalización del gasto público. Ambas posturas coincidieron en advertir sobre el impacto que podía tener en la confianza ciudadana y en el equilibrio de las finanzas estatales.
El debate en torno a los Codedes ha estado marcado por tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo, ya que el oficialismo considera que el esquema aprobado por los legisladores favorecía prácticas poco transparentes. Analistas señalan que el veto presidencial podría profundizar la confrontación política, pero al mismo tiempo marca un precedente en defensa de los principios de control presupuestario y del fortalecimiento de la rendición de cuentas.
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VETO PRESIDENCIAL Y SUS FUNDAMENTOS
El presidente Bernardo Arévalo anunció el 3 de octubre el veto del Decreto 7-2025, señalando que la medida busca resguardar la transparencia, la estabilidad fiscal y el uso responsable de los recursos estatales. Desde el Ejecutivo se subrayó que la norma, tal como había sido aprobada por el Congreso, podía abrir espacios para un manejo poco claro de fondos que requieren de controles efectivos.
Arévalo veta el decreto 07-2025 Ley de Codedes «en defensa de transparencia y estabilidad fiscal»
En su pronunciamiento, la Cámara de Comercio reiteró su disposición de contribuir con propuestas y acciones que fortalezcan la gestión pública, el desarrollo económico y la confianza ciudadana en las instituciones. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de garantizar la transparencia en la administración de los recursos estatales y de impulsar mecanismos que promuevan un uso eficiente y fiscalizable del presupuesto nacional.
