El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) oficializó la ampliación presupuestaria de ingresos y egresos de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), con un aumento por Q7 millones 200 mil.
Dicho aumento se agrega al presupuesto asignado a la entidad, por Q23 millones 500 mil, y está destinado a operaciones institucionales como servicios integrales, no personales y transferencias corrientes, según el acuerdo gubernativo publicado hoy en el diario oficial.
Conforme el tercer artículo del Acuerdo Gubernativo 167-2025, la distribución del aumento se realizará a criterio de las autoridades superiores, esto de acuerdo a la actividad, proyecto u obra que requiera de la partida presupuestaria de la entidad.
«Las Autoridades Superiores de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -Guatel-, quedan responsables de la programación y la ejecución del gasto a que se refiere el presente Acuerdo Gubernativo, a nivel de programa, subprograma, proyecto, actividad, obra, grupo, renglón de gasto, ubicación geográfica, y fuente de financiamiento, en las partidas presupuestarias correspondientes; así como, de comprometer las asignaciones aprobadas en función de la disponibilidad financiera», puntualiza el articulado.
La distribución para este aumento será de la siguiente forma:
Presupuesto de Ingresos
Transferencias Corrientes – Q7 millones 200 mil
- Del sector Público
- De la Administración Central
Presupuesto de Egresos
- Servicio Integrales de Telecomunicaciones – Q7 millones 200 mil
- Funcionamiento
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- Servicios No Personales (Telefonía) – Q7 millones 182 mil
- Transferencias Corrientes (Servicio Gubernamentales de Fiscalización) – Q18 mil
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PROPUESTA DEL CONGRESO BUSCA SU ELIMINACIÓN
El pasado 9 de julio de 2024 la comisión legislativa de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República dictaminó favorablemente para disolver, liquidar y suprimir a Guatel, misma que tendría seis meses para ello.
El proyecto, que tiene modificaciones a la iniciativa de ley 6179, contempla que en seis meses se realice el proceso de supresión de dicha entidad y que la comisión liquidadora podrá solicitar una prórroga de tres meses antes de la fecha preestablecida. Pero que la disolución no afecta las obligaciones contraídas por dicha institución.
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