POR CLAUDIA PALACIOS
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El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal celebró la apertura de juicio en contra de Julio Eduardo Portillo Letona, de 40 años, quien según las investigaciones trabajaba como intermediario de la empresa Continental Motores en la venta de automóviles usados.
Para esta actividad Portillo tenía un convenio con Bancafé para que éste pudiera brindar préstamos fiduciarios a los compradores. Según la fiscalía, aunque los préstamos fueron adjudicados, el sindicado no hizo entrega de los carros.
De acuerdo con la declaración de Portillo Letona, una empleada de Bancafé le ofreció la oportunidad de tramitar en esta institución el crédito sin enganche de los vehículos que vendiera. Cuando Portillo vendía un automóvil enviaba la papelería al banco para que fuera aprobada y una vez se emitía el préstamo, el dinero era depositado directamente en su cuenta.
El Ministerio Público señaló que las supuestas actividades fraudulentas de Portillo Letona perjudicaron económicamente a Bancafé y a los compradores de autos por lo que pidió iniciar juicio en su contra por el delito de Caso Especial de Estafa.
En su defensa, Portillo Letona argumentó que pese a que era él quien efectuaba el trámite de venta de los automóviles, era Carlos Enrique Echeverría, empleado de Continental Motores, quien realizaba la concesión de los mismos. Según Portillo, luego de recibir el dinero por parte del banco, tomaba su comisión y el resto lo depositaba en la cuenta de Echeverría, quien no enfrenta proceso por este caso.
Portillo Letona fue capturado luego de que en 2010, el Juzgado de Primera Instancia Penal emitiera dos órdenes de captura en su contra. La primera por los delitos de Apropiación y Retención Indebida, de fecha 7 de mayo del año 2004 y la otra por Caso Especial de Estafa y Uso de Documentos Falsificados, de fecha 28 de julio del año 2010.
EL OTRO CASO BANCAFÉ
Mientras tanto, el proceso judicial contra directivos de Bancafé por supuestamente realizar transacciones ilícitas que resultaron en la pérdida de Q1 mil 200 millones de quetzales, propiedad de los clientes del banco, sigue en suspenso luego de que la Corte de Constitucionalidad regresó el caso a la etapa de investigación en 2012.
Actualmente, el juez tercero del ramo penal, Darwin Porras, deberá revisar los 105 folios del expediente y resolver si procede abrir o no juicio en contra de los 10 acusados.