El pasado lunes 29 de septiembre fue publicado en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial No. 1643-2025, promovido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) en el que autorizan un nuevo pliego tarifario para la Empresa Portuaria Quetzal, el cual fue autorizado por el actual titular de dicha cartera, Miguel Ángel Díaz Bobadilla (lo indica explícitamente el acuerdo). Este nuevo pliego tarifario incrementa significativamente las tarifas de servicios a la carga para graneles, hierro, cemento y minerales (42.7% en el caso de los graneles agrícolas y alimenticios).
De todos es conocido el impacto que ha tenido en la economía del país los anormales retrasos para la descarga de barcos, principalmente de graneles sólidos y de carga como cemento y hierro, debido al cúmulo de ineficiencias que tiene la Empresa Portuaria Quetzal, de lo cual están plenamente al tanto el presidente Arévalo y su equipo de ministros incluido el del Micivi. Sin embargo, de forma unilateral, además de irresponsable, el Ministro del ramo aprueba estos injustificados incrementos premiando así la ineptitud que ha demostrado la Empresa Portuaria Quetzal para la descarga de graneles, cemento y hierro.
De la misma forma en que los diputados aprovecharon para aumentarse el sueldo cuando aprobaron el presupuesto del año 2025, las autoridades están aprovechando la autorización una ampliación en los servicios portuarios como descarga en barcazas o servicios prestados por particulares, para incrementar las tarifas que cobra la EPQ por el ineficiente servicio que presta a los importadores.
La tediosa narrativa oficial, encabezada por el presidente Arévalo, no tiene ningún sustento ante el monumental despropósito de incrementar aún más los costos de importación de productos alimenticios de la canasta básica como maíz, trigo y arroz, o de productos de uso agrícola para producir alimentos en el país, como lo son los fertilizantes minerales. Esta cínica decisión del Ejecutivo únicamente agrava una crisis portuaria que ya de por sí es la peor de la región, con diferencia. Actualmente los barcos demoran más de 60 días para atracar en Puerto Quetzal, mientras que en otros puertos centroamericanos como Acajutla (El Salvador) o Caldera (Costa Rica) dichos tiempos de espera son alrededor de 30 días.
Defender y justificar este incremento a las tarifas portuarias es actuar incoherentemente de cara al discurso de la “dignidad” que ha enarbolado este mamarracho de gobierno. Con su ya desgastada retórica, el mandatario y su ministro intentarán vender este acuerdo como una “modernización” de tarifas ante “nuevos servicios” que prestará EPQ para una mayor “eficiencia” del puerto. En realidad, estimado lector, están incrementando las tarifas ya existentes.
Desde este humilde espacio he denunciado, desde el año 2022, el incremento constante y significativo en los días de demora que tienen los barcos para poder atracar y descargar producto en Puerto Quetzal, y he intentado explicar de qué forma esto impacta en la economía nacional, y, particularmente, en el bolsillo de los ciudadanos de a pie.
Sin lugar a duda, este acuerdo gubernativo traerá consecuencias económicas negativas para los guatemaltecos, principalmente los de a pie.
