El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada, reconoció que no tenía en su radar el impacto de la llamada Ley Ganadera en el Programa de Alimentación Escolar, pero aseguró que una de las soluciones sería preparar una iniciativa de ley para corregir la retención del IVA que reduce en más de 336 millones de quetzales el presupuesto de la alimentación escolar de más de 3.1 millones de estudiantes del sistema público.
El diputado reaccionó a la publicación de La Hora: «La reforma al IVA en la Ley Ganadera golpea el plato de los niños en las escuelas con Q336 millones menos«, y ofreció dar declaraciones al respecto.
Estrada, diputado de la bancada Cabal, subrayó que desconocía del tema hasta unos cuantos días atrás sobre las consecuencias que tendría la implementación del artículo 8 «A» a la Ley del IVA por medio de la llamada “Ley Ganadera”, hasta que la ministra de Educación, Anabella Giracca, acudió esta semana a la Comisión de Finanzas y solicitó su derogación.
“No estaba consciente de la implementación de las retenciones en el IVA de ese capítulo que se desarrolló en conjunto con la SAT. Ahora que aparece lo vamos a abordar con premura”, dijo en conversación con La Hora.
El congresista explicó que su equipo técnico revisa ya el articulado con el fin de impulsar una iniciativa específica que elimine el “vacío legal” y otorgue certeza a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), responsables de comprar y preparar los alimentos.
“No lo podemos incorporar en la Ley de Presupuesto, tiene que ser una ley independiente. Creo que hay oportunidad de conseguir consensos en el pleno porque realmente se está afectando la ejecución avanzada del programa”, apuntó sobre las rutas para enmendar el quitarle Q336 millones a los platos de comida de niños y adolescentes del sistema de educación público.
SEÑALA A LA ANTIGUA SAT
El artículo en cuestión obliga al Ministerio de Educación a actuar como agente de retención del IVA en las transferencias que entrega a las OPF. Según Estrada, el diseño de ese apartado fue obra de la anterior administración de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), dirigida por Marco Livio Díaz.
“Tengo que ser honesto de lo que yo conozco de ese desarrollo de esa ley, que no estuve liderando. Ese capítulo lo preparó la SAT”, afirmó y luego matizó que “todo ese desarrollo de la parte fiscal, no lo puedo decir que lo hizo la SAT, pero sí fue muy de cerca con la SAT”.
Además, agregó: “Lo que estamos haciendo con este artículo es mejorándole la recaudación 300 millones de pesos. Lo dije anteayer en la reunión. Ahí lo que estamos haciendo es contribuyendo a la meta del superintendente, que no es este superintendente sino el anterior (Díaz)”.
Estrada considera que el error radica en no dejar explícita la exoneración de las OPF en el régimen del IVA. “Probablemente, hay que reformar la Ley del IVA para excluirlas, como en 2017, cuando se aprobó la Ley de Alimentación Escolar. Hay que crear algo donde la exoneración quede clara y no afecte los recursos globales de las organizaciones”, indicó.
DÍAZ: TODOS LOS PROVEEDORES DEL ESTADO, ESTÁN OBLIGADOS A PAGAR IMPUESTOS
Consultado al respecto de las declaraciones del diputado, el exsuperintendente de la SAT, Marco Livio Díaz indicó a La Hora que, «la reforma logra dos grandes objetivos, primero la simplificación de la venta de los productos por los padres de Familia y las comunidades que trabajan en las escuelas y una reducción importante en los impuestos que estaban obligados a pagar los vendedores de estos productos».
Díaz explica, por otro lado, estima que el análisis no toma en cuenta en forma integral el panorama impositivo que existía.
«Lo que están diciendo es que el hecho que los proveedores del Estado tengan que pagar impuestos afecta el Presupuesto del Estado, su capacidad de comprar. Esto es una reflexión, seria que hay que realizarse. La retención es sobre el precio de venta. Si no existe la retención deben pagar la totalidad del precio», aseguró.
Para el exsuperintendente, «así se elimina la retención, no necesariamente bajan los precios. Tomemos en cuenta también que todos los proveedores del Estado, están obligados a pagar impuestos. Bajo esta premisa, se debería exonerar a todos los proveedores del Estado para que puedan vender más barato. ¿Será esto cierto?», anotó.
Se exoneró la educación del ISR y por eso los colegios ganan menos y la educación es más barata, añadió, mientras anotó que tiene sus serias dudas.
«Por otro lado, hay que considerar las normas que existían antes. Estas organizaciones de Padres de Familia, debían inscribirse ante la SAT, autorizar facturas, cobrar IVA e impuesto sobre la renta. El régimen simplificado los llevaba a pagar el 5% y el 7% dependiendo del monto facturado», afirmó.
TEMA SE DISCUTIÓ CON DIPUTADOS
Explica que así los impuestos eran del 17 al 19%. Ahora deben estar exonerados del IVA y solo deben pagar el 1.5% y que esto es una gran ventaja que les da la reforma.
A su criterio, no deben inscribirse, porque se simplificó el sistema, a través de la retención, para que no tengan tampoco que hacer trámites de pago, considerando que algunas de estas organizaciones de padres de Familia son muy pequeñas.
«La norma les da la posibilidad de vender directamente a las comunidades, antes de la Ley, el Ministerio de Educación se veía obligado a comprarle a intermediarios, que han obtenido grandes utilidades. Este tema se discutió ampliamente con los diputados, y este mecanismo acordado, permite dejar de utilizar intermediarios, qué mínimo ganaban el 20%, más una reducción mínima del 15% de los impuestos, existe ahora un ahorro del 35% en el precio (los intermediarios les compraban a estas mismas personas) en estas ventas, pudiéndolo hacer ahora directamente a las organizaciones comunales», agrega.
A decir de Díaz, en realidad los precios deben bajar considerablemente, fortaleciendo la cantidad de alimentos que puede comprar el Ministerio de Educación, «creo que todos los guatemaltecos debemos pagar impuestos, es una obligación constitucional, por eso se gravó con una tasa mínima».
Puntualiza que en su momento las grandes críticas de los centros de pensamiento, fueron gravar estas operaciones con una tasa tan baja, «la SAT cuenta con estudios de estas cadenas de producción, que demuestran fehacientemente, que con estas tarifas de impuestos y formas de pago, los precios deben bajar considerablemente, fortaleciendo así, el presupuesto del Ministerio de Educación».
LAS CONSECUENCIAS
En el reportaje que publicó este medio se advirtió que la retención ya golpea el programa, según datos oficiales del Mineduc: los menús diarios han bajado de seis a 5.36 quetzales en preprimaria y primaria, y de cuatro a 3.57 en inicial y medio. El impacto acumulado ascenderá a 336.8 millones anuales, lo que repercute en la calidad y cantidad de alimentos servidos a más de 3.1 millones de estudiantes del sistema público.
Estrada dijo que la próxima semana podrían trabajar en la iniciativa correctiva, pero desligada de la discusión del presupuesto de 2026. “Se requiere una ley específica que dé certeza jurídica y sea consistente con la normativa del IVA y de las retenciones, tanto del gobierno como de las OPF”, subrayó.
La iniciativa que terminó convertida en la llamada «Ley Ganadera» fue impulsada por Luis Aguirre, diputado de Cabal, con respaldo del Movimiento Semilla. La norma fue aprobada en noviembre de 2024 con 119 votos, en medio de rumores de un canje político para facilitar, a cambio, la aprobación de la Ley de Competencia, reclamada por organismos internacionales.
La incógnita es si el pleno del Congreso acompañará ahora la propuesta de reforma. Mientras tanto, el programa de alimentación escolar sigue perdiendo recursos, y el pulso político en el Legislativo definirá si el recorte se mantiene o se corrige.
