Traslado de El Lobo: excandidato de la UNE firmó informe de Oficina contra la Tortura

El relator titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Alfredo Sánchez Chinchilla, confirmó que el informe presentado al Juzgado Pluripersonal de Ejecución, a cargo de Lisbeth Mireya Batún Betancourt, con el que ordenó el traslado de Aldo Duppie Ochoa Mejía, conocido como “El Lobo” y lider del Barrio 18, fue firmado por Bryan Javier Morales Aguilar, subdelegado de la Región Sur y excandidato de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Sánchez Chinchilla entregó un informe solicitado por el diputado de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, luego de una citación, en la que el relator titular de la Región Sur negó que la Oficina haya brindado recomendaciones a la juzgadora.

El Informe Circunstanciado identificado bajo el “MNP-RRS-REJ-01-2025”, asegura que el privado de libertad se encuentra en condiciones inhumanas, y este fue firmado por Bryan Javier Morales Aguilar, subdelegado Región Sur de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

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Según la Resolución No. DDRCSR-R-063-02-2023 de la Dirección Departamental de Santa Rosa del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Bryan Javier Morales Aguilar buscó ser alcalde de Pueblo Nuevo Viñas con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres, durante el proceso electoral de 2023.

Durante la campaña de 2023, Bryan Javier Morales Aguilar participó activamente con la UNE para buscar la alcaldía, incluso realizando eventos junto con el diputado Inés Castillo. 

EL INFORME

El informe detalla que el personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se hizo presente el 1 de septiembre al Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres “Renovación I”, ubicado en el kilómetro 68, carretera a Taxisco, ubicado en la cabecera departamental de Escuintla.

Según detalla el documento, el privado de libertad se encuentra recluido en una celda de 3 metros de ancho por 2 metros de fondo, la cual, en su interior, es notablemente caliente y húmeda, ya que no cuenta con ventilación adecuada y luz natural.

También, indica que el reo duerme en una superficie de concreto, denominada “plancha”, sin colchoneta alguna, lo cual ha derivado en “la aparición de ‘nacidos’, un término coloquial para llagas o abscesos”.

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Al mismo tiempo, encontraron un inodoro que no funciona debido a la falta de agua en el depósito, y el privado de libertad tiene falta de acceso a artículos de aseo personal, como jabón, papel de baño y rasuradoras, lo que agrava “las condiciones insalubres”.

A su vez, el escrito menciona que el privado de libertad indicó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) lo evaluó en tres ocasiones, por lo cual recomendó su traslado a un centro médico especializado, y ello, no ha sido atendido, según el mecanismo.

“Se constató que la porción de alimento es escasa, y el interno manifestó una pérdida significativa de peso. La comida a menudo se encuentra en mal estado (“shuca”) debido a la falta de refrigeración y la exposición al sol”, añade el escrito, el cual recalca que la dieta no se ajusta a las necesidades médicas especiales de una persona con diabetes y enfermedades renales.

En el documento la Oficina añade que el privado de libertad denunció actos de violencia física y verbal, como golpes, patadas y puñetazos por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario durante un motín, mientras se encontraba engrilletado, lo que lo dejó en un “estado de indefensión total”.

“El interno manifestó que, a pesar de los abusos, no presenta quejas formales porque percibe que las autoridades no les prestarán atención. Esta falta de confianza en el sistema y la ausencia de canales de denuncia efectivos y accesibles es una violación del derecho a la protección judicial y a un trato digno, y refuerza un ambiente de impunidad que perpetúa los malos tratos”, añade.

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RIESGOS A LA VIDA

De la misma forma, el informe de la Oficina apunta que el privado de libertad indicó que fue traslado de Fraijanes II, sin el debido protocolo de seguridad, como chaleco y casco, por lo que “él interpretó como un intento exponerlo”, lo que demuestra una flagrante irresponsabilidad por parte de las autoridades.

El informe agrega que el privado de libertad fue recluido en un área donde tenía contacto directo con la pandilla rival, la Mara Salvatrucha.

“Él relató que la propia viceministra le incitó a la violencia con la frase “mátese”, al dejarlo allí recluido en el mismo cercano, frente a frente. Este tipo de actos no solo son una grave falta a la ética profesional, sino que constituye una incitación a la violencia que pone en riesgo su vida”, subraya.

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El escrito añade que el interno manifestó su “temor fundado por su vida”, ya que percibe que el Sistema Penitenciario no lo protege proporcionalmente, puesto a que no tiene acceso privilegiado a recursos como otros privados de libertad, y advirtió que ha sido amenazado por privados de libertad que no son pandilleros.

“Esta percepción de abandono es, en sí misma, una forma de tortura psicológica y una violación al deber de garante del Estado”, expone.

Además, el escrito resalta que la falta de un sistema de visitas diferenciado ha provocado que su familia deje de visitarlo por temor a ser identificados, a la vez que no cuenta con acceso a teléfono público para comunicarse con el exterior, y no cuenta con programas y oportunidades de reinserción social.

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CONCLUSIONES

De esta cuenta, el informe expone que las condiciones de reclusión en Renovación I, luego de la entrevista con el privado de libertad, constituye de manera integral un trato cruel, inhumano y degradante.

“Estas condiciones no solo incumplen la normativa nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino que también exponen al privado de libertad de marras a un riesgo real e inminente para su vida y su salud”, expone.

Agrega que los hallazgos demuestran una omisión por parte del Estado en su deber de garantizar la seguridad, la salud y la dignidad de las personas bajo custodia.

“La falta de acceso a condiciones de vida digna, la negligencia en la atención médica – ignorando las recomendaciones del Inacif – y la ausencia total de programas de reinserción social, son violaciones flagrantes que desvirtúan el propósito del sistema penitenciario y vulneran los derechos humanos del interno”, agrega.

Expone también que hay faltas estructurales dentro del sistema penitenciario que “comprometen su dignidad, seguridad y derechos fundamentales”, y añade que el estado actual de las condiciones del recluso no cumplen con los estándares mínimos de derechos humanos nacional e internacional.

De igual forma, el documento sostiene que el sistema penitenciario viola los artículos 2, 19, 93 y 94 constitucionales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y los Principios y; Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas.

Añade que se incumple con salvaguardar y privilegiar la vida e integridad física; garantizar la atención médica especializada y propone crear políticas públicas y protocolos de atención y actuación con un enfoque de derechos humanos para evitar las agresiones contra reos.

Además, sostiene que los privados de libertad deben recibir condiciones de alojamiento y salubridad dignas y adecuadas, y no se cumple con el principio de proporcionalidad.