La reforma al IVA en la Ley Ganadera golpea el plato de los niños en las escuelas con Q336 millones menos

El Programa de Alimentación Escolar, una de las políticas sociales más amplias de Guatemala, enfrenta un recorte silencioso derivado de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, más conocida como la Ley Ganadera. Aprobada el 19 de noviembre de 2024 con 119 votos, la norma introdujo una reforma al régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que, en la práctica, reducirá en 336.8 millones de quetzales anuales los recursos destinados a la alimentación de más de 3.1 millones de estudiantes del sistema público.

El programa, vigente desde 2017, transfiere recursos a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), responsables de comprar y preparar los alimentos, según menús aprobados por el Ministerio de Educación (Mineduc). Este año cuenta con un presupuesto de 3 mil 316.4 millones de quetzales para cubrir 180 días de clases del estudiantado del sector público de los niveles de educación inicial, preprimaria, primaria y media (ciclos básico y diversificado).

Sin embargo, con la aplicación del artículo 8 «A» de la reforma al IVA en la «Ley Ganadera», ahora, el Mineduc debe actuar como un agente de retención de ese impuesto.

El referido artículo especifica que las OPF «no cobrarán el impuesto al Valor Agregado en las entregas de alimentos que realicen», por lo tanto el pago por dicho impuesto que se deriven de las compras de alimentos que hagan estas organizaciones «será retenido por el Ministerio de Educación al momento de la transferencia que establece la ley».

Añade que el Mineduc, «como agente de retención del impuesto, deberá enterarlo en el mes inmediato siguiente a la Administración Tributaria, a través de los medios que esta ponga a disposición». Este artículo representará un impacto de Q336.8 millones menos al año para el programa, según estimaciones del Mineduc.

REPERCUTE EN CALIDAD DE MENÚS

El Ministerio de Educación, que dirige Anabella Giracca, confirmó que la modificación obliga a retener parte del presupuesto como pago del IVA. “Los estudiantes de niveles preprimario y primario, que reciben seis quetzales diarios, ahora obtienen Q5.36. En inicial y medio, el monto baja de cuatro a Q3.57”, señaló la cartera en una respuesta oficial a este diario.

El recorte advierte el ministerio, repercute directamente en la calidad de los menús: “La retención tiene incidencia en la calidad alimenticia y nutricional de los estudiantes, toda vez que disminuye la cantidad de productos que se adquieren para hacer efectivo el programa”, subrayó el Mineduc.

El impacto de la reforma se mide en los platos servidos a diario en las escuelas. Según el Mineduc, la retención equivale a 0.64 quetzales menos por alumno en preprimaria y primaria, y 0.43 en inicial y medio. Esa merma, multiplicada por 180 días de clases y millones de estudiantes, constituye un retroceso para un programa que buscaba no solo combatir la desnutrición, sino también mejorar el rendimiento académico.

MINEDUC BUSCA QUE DEROGUEN ARTÍCULO

El propio ministerio admite que la medida no fue diseñada por su despacho, sino que obedece a un mandato del Congreso. La reforma fue publicada en diciembre de 2024 y, desde entonces, asegura, ha mantenido diálogo con distintas bancadas del Congreso para intentar derogarla sin éxito a 10 meses de su publicación.

“Es muy importante identificar que esta retención es ordenada por una ley del Congreso de la República y no por una decisión del Ministerio de Educación. Este ministerio está obligado a cumplir todas las disposiciones legales”, recalcó la cartera de Giracca.

El Mineduc dijo que “ha mantenido diálogo con distintos representantes en el Congreso de la República para solicitar la derogación del artículo que impone la retención, anticipando los efectos en el Programa de Alimentación Escolar. Por eso, se conoce de varias iniciativas presentadas que esperan ser conocidas en el pleno del Congreso de la República”.

En ese sentido, agregó que “es respetuoso del cumplimiento de las leyes vigentes del país”.

¿EXISTE VOLUNTAD PARA DEROGAR?

La génesis de la ley apunta al diputado Luis Aguirre, de la bancada Cabal, quien impulsó la iniciativa con el respaldo de la bancada Movimiento Semilla. En aquel momento, Semilla —el partido que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia— aún no se había fracturado en las dos facciones que existen hoy: una liderada por Samuel Pérez, que fundó el nuevo proyecto Raíces, y otra encabezada por José Carlos Sanabria, afín al Ejecutivo.

La votación, en la que Semilla fue clave para alcanzar la mayoría, alimentó entonces rumores de un canje político: apoyar la Ley Ganadera a cambio de garantizar la aprobación de la Ley de Competencia, una iniciativa reclamada desde hace años por organismos internacionales. Pérez lo negó en su momento.

En una citación al Congreso de la República, el 24 de septiembre, Giracca pidió a la Comisión de Finanzas en nombre de los padres de familia que se derogue el artículo 13 que reforma la Ley del IVA y retiene el 12 por ciento del Programa de Alimentación Escolar.

La Hora intentó sin éxito comunicación con el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, para conocer qué harán respecto a la petición directa de Giracca. También se buscó la postura de los diputados Andrea Reyes y Sanabria, pero al cierre de la edición de esta publicación no se obtuvo respuesta.

El ministerio insiste en que las OPF, al ser organizaciones sin fines de lucro, no asumen nuevas cargas fiscales adicionales. Sin embargo, recalca que cualquier aumento del monto diario para compensar la pérdida solo puede aprobarlo el Congreso, pues está fijado por ley. Mientras tanto, el programa más grande de apoyo social del país pierde cientos de millones de quetzales por una reforma diseñada en nombre del sector ganadero.