Durante la sesión plenaria de este martes 23 de septiembre, el diputado José Chic pidió la palabra para dirigirse al pleno del Congreso de la República, al que advirtió sobre posibles irregularidades en el proceso de integración de las nuevas salas de apelaciones que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) creó recientemente.
Chic señaló que, si bien la CSJ tiene toda la facultad de crear nuevas salas, definir su sede y la jurisdicción de las mismas, y también de nombrar jueces de primera instancia y de paz, no le corresponde designar magistrados de la Corte de Apelaciones.
Recordó que dicha atribución está establecida en la Constitución en el artículo 165 inciso F y el artículo 217, que asignan al Congreso de la República la responsabilidad de elegir a los magistrados titulares y suplentes tanto de la Alta Corte como de la Corte de Apelaciones.
CSJ avisa al Congreso la creación de nuevas salas pero no solicita nombramiento de magistrados
“El problema no es la creación de salas, que es una potestad de la CSJ; el cuestionamiento es que se están nombrando magistrados en esas salas sin pasar por un proceso de elección en el Congreso”, declaró el legislador.
PRÁCTICAS QUE «DEBILITAN AL SISTEMA DE JUSTICIA»
El diputado remarcó que en algunos casos se estarían convirtiendo magistrados suplentes en magistrados titulares, lo cual Chic consideró que es una práctica inconstitucional que “debilita al sistema de justicia y a la democracia del país”.
Chic aseguró que la CSJ tiene previsto crear un total de 21 salas de apelaciones durante 2025, lo que a su opinión lo convierte en un tema urgente que el Congreso debe programar en agenda legislativa.
CSJ cumple su objetivo, crea 13 nuevas Salas de Apelaciones aumentando su poder en el área penal
Asimismo, pidió a la Junta Directiva trasladar la discusión a la instancia de jefes de bloque para “no permitir que se sienten malos precedentes en la justicia y la democracia”.
El congresista señaló que aceptar este procedimiento sin debatirlo en el pleno significaría avalar “una serie de ilegalidades” que afectarían directamente la legitimidad del sistema de justicia.
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