Hay una infinidad de casos que pueden ilustrar cuán viciado está el sistema de compras y contrataciones del Estado que se ha convertido en una inmensa arca abierta para hacer mal uso de los recursos públicos; pero el colmo está en casos como el del Estadio Doroteo Guamuch Flores, el Aeropuerto de Escuintla o las gradas eléctricas y elevadores del Aeropuerto La Aurora, los pasos a desnivel en la Roosevelt y la Petapa obras que los contratistas dejaron a medias sin mayor consecuencia para ellos.
En el tema del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores hemos publicado detalles sobre la falta de experiencia de la empresa beneficiada y el riesgo evidente de que esa instalación deportiva quede mucho tiempo sin poder ser utilizado por la falta de un conveniente engramillado que era parte de la contratación. Pero casos como ese abundan porque la realidad es que, aunque algunos Alcaldes cínicamente digan que la garantía de transparencia está en la Ley de Compras y Contrataciones, ese instrumento legal ha sido pervertido maliciosamente para facilitar trinquetes.
Es absolutamente urgente que se modifique nuestro sistema de compras y contrataciones si realmente queremos transparencia, pero desde luego que ello es prácticamente imposible porque tendrían que darse una aprobación en el Congreso de la República para un nuevo instrumento legal que ponga especial cuidado en impedir los negocios sucios. Es obvio que muchos de los diputados que se han alineado en los históricos beneficios a los Consejos de Desarrollo en cuanto a la utilización de los recursos, no tendrán el menor interés en implementar una ley que realmente obligue a tener procesos transparentes y eficientes.
Nuestro problema es verdaderamente serio porque no solo los funcionarios y contratistas tienen garantía de impunidad con un sistema de justicia que está controlado por las mafias, al igual que el ente investigador que debiera promover acciones penales contra los que se roban el dinero, sino que además nuestra ley facilita operaciones evidentemente sucias, como las que implican las obras no terminadas, pero también muchísimas que fueron ejecutadas en tiempo pero con tan terrible calidad que no resisten ni un invierno.
El mandato popular otorgado a Bernardo Arévalo en las últimas elecciones, obviamente orientado a limpiar de corrupción al Estado, no puede ejecutarse por varias razones. Una es la falta de determinación del gobernante para entrarle, de frente, a ese entramado de trinquetes y además está que el voto popular permitió que el Congreso quedara integrado tal y como ahora vemos.
Los ciudadanos tenemos que entender que el voto no fue suficiente y que debemos tener más acción y compromiso para forzar los cambios indispensables y entre ellos el de la Ley de Compras y Contrataciones es fundamental.
