La paz social en las zonas rurales de Guatemala fue una meta de los acuerdos de paz; pero, la oligarquía y las empresas extranjeras la han impedido. La expoliación de los territorios, tierras y recursos de las comunidades campesinas e indígenas se ha dado desde la invasión europea, la colonia, la inserción en la economía mundial con el café, las concesiones a las grandes empresas bananeras, el pago de la contrainsurgencia violenta y la brutal extracción neoliberal. No es sorpresa que en el Registro de la Propiedad Inmueble esté registrada tierra por el equivalente de más de dos veces el territorio nacional. ¿Cómo se determina la propiedad de la tierra en el país sin resolver esta enorme incongruencia? El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado hace casi treinta años, ordenó el catastro nacional; pero éste nunca fue concluido y no es utilizado.
¿Qué es lo justo y políticamente correcto? Presento dos postulados básicos, que parten de la historia y la evolución del Estado nacional: uno, el territorio de la Capitanía General de Guatemala pertenecía hasta 1524 al Pueblo Maya. No existe ningún documento en que las autoridades Mayas vendieran o cedieran tierras, territorios y recursos, por lo que dicho territorio sigue siendo del Pueblo Maya; así, el usufructo de esas tierras debe ser establecido por acuerdo con el Pueblo Maya. Y dos, el país, para lograr su desarrollo, no tiene vocación minera sino que agroindustrial, con énfasis en la satisfacción de las necesidades nacionales. Así, la explotación de minerales debe limitarse a aquellos que sean indispensables para el país y en la proporción adecuada -no son necesarios el oro, la plata, el níquel; puede explotarse para el bien del país el petróleo; y son indispensables el cemento y los materiales de construcción adecuados-. Por aparte, el recurso agua es indispensable primero y primordialmente como elemento fundamental para la vida humana. Todo otro uso, para irrigación, generación de energía o producción industrial es secundario y debe quedar supeditado a lo que determine el consumo humano.
Esta situación genera circunstancias muy complejas y para su adecuada gestión se hace necesario el diálogo y la búsqueda de acuerdos, como se estableció en el acuerdo de paz correspondiente. El diálogo y la búsqueda de acuerdos elimina la opción de llevar los casos que afectan a las poblaciones rurales a juzgados, normalmente manipulados, para emitir resoluciones a favor de los “poderosos”. Se debe aplicar, más bien, el derecho indígena esencial prescrito por Naciones Unidas: todo proyecto que se realice en tierras de pueblos indígenas debe someterse a consulta con ellos, quienes decidirán de manera libre e informada si el proyecto puede o no realizarse. La paz social, un bien superior a los millones de dólares que puedan generar las empresas agrícolas, industriales y mineras juntas, es prioritaria y debe lograrse con la libertad de las y los presos políticos, el retorno de todas las personas que han sido forzadas al exilio, y la solución política, no judicial, de las diferencias entre las partes en la correcta utilización de los recursos y sus beneficios.
