El Organismo Judicial en los últimos años ha sido atrapado por corruptos, desvalorizando lo que dice la Constitución, degradando su filosofía, no cumpliendo a cabalidad que para sus fallos y resoluciones deben tomar en consideración lo que indica la Carta Magna, que obliga ahora a la población a monitorear el papel que tendrá en los próximos meses el que va a presidir ese organismo, rechazar peticiones políticas, ceñirse a que debe actuar con honradez, decencia, honradez y capacidad.
Información
La judicialización la usan los organismos de justicia como medio de acoso. No resolviendo con apego a derecho, violentando del debido proceso y el Estado de derecho que, en un país democrático como Guatemala, debe ser la columna vertebral de una nación. Sin justicia, no hay democracia y se violenta la voluntad popular de un pueblo que, en los últimos años, ha sido secuestrado por corruptos y políticos que buscan beneficios personales y no en un país que debe demostrar credibilidad y certeza en sus fallos y resoluciones.
Todo ha es producto de la forma en que son seleccionados los magistrados de los tribunales colegiados, desvalorizando a profesionales que se postulan para las magistraturas y son enemigos de pagar favores políticos y económicos, una tendencia en los últimos procesos de selección y elección y los comisionados son sobornados para no evaluar a los aspirantes a esas altas magistraturas como sucedió en el último proceso que fue avalado por los diputados que dizque son de la oposición al no examinar a los aspirantes eligiéndolos en un evento express, supuestamente para cumplir con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó que los jueces tomaran posesión el 13 de octubre.
Han sido denigrantes 9 de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que a dedo creó por intereses políticos, varias salas de apelaciones con jurisdicción en la capital y en el interior, cometiendo “fraude de ley”. Estaban obligados a dar cuenta al Congreso, para que el organismo tuviera conocimiento de tales designaciones, violando flagrantemente la Ley de la Carrera Judicial, la misma Ley del Organismo Judicial y la Constitución.
Los magistrados del alto Tribunal, están divididos 9 toman decisiones que no son compartidas por los otros 5 togados, lo que ha originado marcado distanciamiento en el pleno, resolviendo acciones que no encuadran en un alto Tribunal, que por su naturaleza y conformación debe dar confianza y certeza en los guatemaltecos. El magistrado que por ley debe tomar posesión el próximo 13 de octubre, tendrá marcada incidencia en la selección y elección del nuevo jefe del Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad y en otros órganos de primera línea.
La Organización de Estados Americanos, (OEA) anunció que enviara a tres de sus connotados miembros para que supervisen ese evento para evitar que se produzcan los antecedentes de vicios y violaciones y el pueblo debe unirse y monitorear ese evento para no caer en los vicios del pasado.
En años anteriores, eran seleccionados y elegidos para esos cargos profesionales de alto prestigio. Debemos recordar a un Edmundo Vásquez Martínez, que fue rector de la Usac. Magistrado excelente de la Corte de Constitucionalidad, que no le hizo el juego político a nadie y fue quien le dio prestigio al Organismo Judicial. Pero ahora ese evento se politizó y se comercializó porque pagos de favores políticos de diputados y politiqueros de bajo estofa, que solo buscan beneficios personales, lesionando la independencia y credibilidad que un Organismo Judicial, debe tener y tramitar con independencia y criterio justo, las solicitudes de antejuicio de varios corruptos, entre ellos el ex presidente Alejandro Giammattei, imputado de ilícitos que están engavetados, sin ser resueltos.
Esperamos que quien presida el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, cumpla con lo que regula la Carta Magna, no se preste a presiones politiqueras, económicas, dé certeza y credibilidad a sus fallos y sus decisiones en bien de Guatemala, que, en los próximos meses, serán de eventos políticos para renovar cuadros superiores en varios organismos del Estado.
