Estamos llegando al fin de año y este Congreso ha realizado una labor legislativa que marcará récord: 7 decretos, incluyendo decretos trascendentales, claro está, como el Día de la Biblia. Y eso que laborando con sueldo duplicado. Pues bien, la semana pasada emitieron el decreto arriba indicado que voy a analizar:
Decreto 7-2025. Ha sido una resolución que tomó el pleno, con mayoría de 108 diputados, sin dictamen previo y catalogado de “urgencia nacional”. Reforma 4 artículos de la Ley del Presupuesto, destaca que los fondos no ejecutados en el año no se devuelvan al fondo común (como corresponde), sino que los “jineteen” y pueden usar durante el año 2026; también libera muchos de los controles para la libre disposición de esos dineros. También introduce una interesante modificación de llamado “silencio administrativo” que impone a la autoridad (ministerio, dirección general, instituto, etc.) que si no responde a una solicitud administrativa en un plazo determinado, se entiende que la respuesta, a dicha petición, es un sí. En este caso adecuaron de hecho el artículo 28 de la CPRG, que señala un máximo de 30 días y lo apretaron a solo cinco días. En otras palabras, si en menos de una semana no hay respuesta, se entiende que la autoridad está de acuerdo. Algo absurdo por cuanto cinco días se tomarán solamente para el traslado del expediente; es muy ingenuo suponer que van a resolver en tan corto espacio.
“Con la Iglesia hemos topado, Sancho”. Antecedentes del decreto: acción y reacción, como decía Hegel. Los promotores de esta iniciativa han tenido varios motivos. No descarto cierta intención positiva en el sentido que se materialicen los proyectos en las comunidades, en los municipios, en los departamentos. Qué bueno que se construyan caminos vecinales, puentes, mercados, pozos y sistemas de agua potable, drenajes, plantas de tratamiento, mercados, etc. Pero, en adición a tan nobles propósitos, se esconden otras dos finalidades: a) la disponibilidad de recursos “gratis”, para congraciarse con las poblaciones y recibir su voto en las elecciones del 2027; b) no escapa, para algunos, oscuras intenciones siguiendo el principio de untarse en la olla o de aquello que “en arca abierta, el justo peca”. Después de todo estamos hablando de una presa, de un bolsón, de un cuchubal, de cerca de 9 mil millones de quetzales. Una bicoca. Al día de hoy, sea cual sean las motivaciones, los recursos no fluyen con la rapidez que quisieran los promotores (sean de buena intención o no); culpan al MIFIN las municipalidades, al aparato financiero del gobierno, siempre torpe, no se mueve al ritmo que esperan los interesados. Acaso esa torpeza sea una de las razones por la que la ejecución, el gasto efectivo de los Codedes, es solo del 29% del dinero asignado. Pueden ser trabas puramente formales, burocráticas (que abundan en muchos aspectos y que obliga a una revisión de la Ley de Contrataciones), pero también algo de chantaje, de condicionamiento, acaso, de bloqueo. Herramienta política, pues. Por eso aparece este decreto para liberar muchos de esos obstáculos y dejar que fluya el chorro abierto. Chinche.
Costo político del veto. En la misma línea de Hegel, Newton indicó que no hay acción sin reacción. Ello aplica para la materia, pero también se extiende a las interacciones humanas. Por lo mismo, el veto de Arévalo tendrá su costo: bloqueo del presupuesto que presenta su ministro de Finanzas (de la estrafalaria suma de 163 mil millones); votos en contra para la conformación de la nueva junta directiva. Incrementada oposición en los proyectos de ley que quiera promover (la modificación de la ley orgánica del MP ya no tiene sentido, estando a pocos meses de convocar a las comisiones de postulación). Sin embargo, el presidente, congruente con su llamado al orden administrativo, a la disciplina fiscal y controles de gasto, y sobre todo, para no verse como un aliado de la corrupción, debe vetar el ya citado decreto.
Proyecciones. Al firmar el veto, el decreto regresa al Congreso que analizará las objeciones que el presidente haya hecho. Los diputados se expresarán específicamente respecto a las razones del veto; por qué sí o por qué no. Muchas máscaras van a caer y algunos diputados se van a quemar más (a un año y medio de las elecciones). En caso de que los diputados (la mayoría la tienen) consideren que el decreto sí debe tener vigencia, entonces el propio Congreso puede sancionar la ley (en defecto del presidente). Es una expresión de la primacía legislativa. ¡Qué bueno que se convierta en ley! Porque siendo ley ya puede ser objeto de señalamientos de inconstitucionalidad. ¡Y vaya si no tiene varias irregularidades! Destacan la violación del principio de anualidad del gasto estatal; la obligación de controles; el corto silencio administrativo. Por cierto, la actual CC está a casi seis meses de entregar la magistratura. ¿Qué resolverán? No veo la forma en que pasen por alto obvias inconstitucionalidades. En todo caso, del traslado del veto a la inclusión en agenda pasarán varias semanas. Luego vendrán las citadas impugnaciones. Y estamos cerca de la visita de Santa Claus.
PD. Deploro profundamente la forma cobarde, violenta, criminal, con que tomaron la vida de un joven cuya única falta era propagar su verdad e invitar a los opositores al debate abierto. Lo mataron, lamentablemente, pero no acallarán su mensaje. Por el contrario, se ha consolidado ese movimiento de rescate de los valores que, al fin, está emergiendo en Occidente. Lamento que las ideas se crucen por medio del plomo. Descanse en paz, Charlie Kirk.
