Sao Paulo
DPA
El pedido de prisión preventiva del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva consiguió poner de acuerdo a sus rivales y aliados, que rechazaron la medida solicitada por los fiscales. Pero también inflamó los ya caldeados ánimos de una sociedad dividida y a las puertas de manifestaciones antagónicas.
«Al requerir la prisión de Lula los fiscales están banalizando un recurso judicial muy grave. (…) Se trata de un expresidente de la República. Nada impide que sea investigado. Pero Lula no tiene antecedentes, tiene residencia fija y no consta que esté planeando huir del país. ¿Para qué arrestarlo?».
Aunque lo parezca, la declaración no proviene de un aliado sino de un oponente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula. Se trata del senador Cássio Cunha Lima, líder en la Cámara Alta del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el mayor opositor del Gobierno de Dilma Rousseff.
«Que Lula sea procesado es correcto. Aguardar el juicio es correcto, pero no porque tengamos divergencias políticas voy a querer para él algo diferente de lo que quiero para cualquier ciudadano», señaló por su parte el coordinador jurídico del PSDB, Carlos Sampaio.
La polémica solicitud de arresto de Lula fue presentada ayer por los fiscales del Ministerio Público de Sao Paulo (Fiscalía) Cassio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique Araújo.
El pedido incluye una denuncia por falsedad ideológica y lavado de dinero contra el máximo líder de la izquierda brasileña dada a conocer el miércoles, que se extiende a su esposa, Marisa Letícia, a uno de sus hijos, Fabio Luiz, y a otras personas.
Según los fiscales, si Lula permanece libre «usará toda su red violenta de apoyo para evitar que el proceso penal (…) no siga su curso natural», y lo acusan de impulsar «maniobras violentas» junto a sus aliados.
Las alegaciones fueron rebatidas una a una incluso por el columnista de la revista «Veja» Reinaldo Azevedo, enemigo declarado de Lula, Rousseff y el PT.
«Yo quiero al PT fuera del poder. (…) Creo tener sólidas evidencias de que tanto Lula como Rousseff cometieron delitos graves. Creo que tienen que ser procesados, condenados y presos», aclara Azevedo en el arranque del texto.
No obstante, y aún admitiendo que quiere que Lula sea encarcelado, avisa: el pedido de los fiscales paulistas es «frágil a más no poder». «Cualquier abogado intelectualmente honesto, poco importa la corriente a la que adhiera o su ideología, sabe que este pedido es un despropósito», finaliza.
Con enemigos así, no son necesarios amigos. Las esperadas críticas a la petición de los fiscales por parte del PT, del Instituto Lula y de legisladores oficialistas, aunque contundentes, quedaron opacadas ante los firmes cuestionamientos de los opositores.
La mesura adoptada ayer por los adversarios políticos dista, y mucho, de los discursos inflamados que pedían el viernes pasado la cabeza del máximo líder de la izquierda brasileña, después de que fuera llevado a interrogar por sospechas de que se benefició con los desvíos de fondos en Petrobras.
La convocatoria a las marchas «contra Lula, Rousseff y el PT» ganó fuerza el pasado viernes con la acción policial contra Lula, y seguramente serán atizadas aún más con el pedido de prisión del ex presidente, al margen de cualquier consideración sobre sus fundamentos técnicos.
Por su parte, sindicatos y grupos de izquierda prometen dos actos masivos para el 18 y el 31 de marzo, en defensa de Lula y en contra de los «intentos golpistas», como califican a los intentos de destitutuir a Rousseff.
