BUENOS AIRES
Agencia AP
La iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado y comenzaría a tratarse a las 1500 GMT, no tendría problemas para ser aprobada ya que el oficialismo cuenta con el apoyo de sus aliados. La oposición anticipó que no dará su respaldo.
El proyecto pretende sortear el bloqueo que a fines de junio aplicó el juez Thomas Griesa al pago de vencimientos de títulos por unos 540 millones de dólares a los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, al entender que los fondos que han litigado contra Argentina en Nueva York y han ganado un juicio histórico deben cobrar antes y al contado al menos 1.600 millones de dólares de bonos en cese de pagos desde 2001.
La imposibilidad de cobrar esos vencimientos hizo que calificadoras de riesgo declararan a Argentina en default el 30 de julio.
La presidenta Cristina Fernández pidió la víspera a los opositores que repiensen su voto «por el país y por la historia».
El oficialismo logró el martes un dictamen de mayoría para la iniciativa en el plenario de comisiones de la cámara baja, en una reunión en la que el ministro de Economía, Axel Kicillof, manifestó la «voluntad férrea e inquebrantable» del gobierno de pagar a los bonistas que aceptaron la renegociación de deuda en los canjes.
Kicillof afirmó que el juez Griesa «está tratando a la Argentina peor de lo que se trata a un privado en cualquier empresa del mundo». «El problema son los fondos buitre… estamos ante el caso de un país soberano que se encuentra en un conflicto con un grupo minúsculo», aseveró.
El proyecto introduce la posibilidad de que los tenedores de títulos puedan optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción. Argentina podrá así instrumentar un canje por nuevos bonos regidos por legislación y jurisdicción local o por legislación y jurisdicción de Francia.
El cambio de domicilio para efectuar las cancelaciones obedece a que el gobierno revocó la autorización al Bank of New York-Mellon para operar en el país al considerar que incumplió el contrato como agente fiduciario luego de que, por orden del juez Griesa, no hizo efectivo el pago que el gobierno realizó de los vencimientos de la deuda reestructurada a fines de junio.
La iniciativa obedece además a la necesidad de pagar nuevos vencimientos por unos 200 millones de dólares el 30 de septiembre.
Opositores objetan que muchos de los tenedores de bonos no aceptarán el cambio de domicilio de pago y que la ley no solucionará el conflicto.
