Los miembros que conforman la Corte Suprema de Estados Unidos, emitieron el lunes 8 de septiembre un dictamen que levanta las restricciones para que los agentes federales de dicho país, puedan efectuar operativos de inmigración en 7 condados, entre ellos el de Los Ángeles, California, por lo que las personas inmigrantes en situación irregular, deben tomar en consideración, a la vez que debería ser difundido por parte de las Cancillerías de Guatemala, Honduras, El Salvador, México en sus propios países por medio de campañas informativas impresas, para que familiares puedan prevenir a sus familiares inmigrantes, se enfatiza.
Con la decisión emitida por 6 miembros de la Corte Suprema a favor y 3 en contra, echa abajo el fallo emitido el 11 de julio pasado por parte de la jueza federal Maame Frimpong, del Distrito Central de California, el que prohibía temporalmente efectuar redadas indiscriminadas en siete condados entre ellos el de Los Ángeles, la cual fue ratificada el 1 de agosto por el Noveno Circuito de Apelaciones.
Con la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. se levanta las restricciones para efectuar redadas en Los Ángeles, una de las ciudades de mayor concentración de inmigrantes, entre ellos de guatemaltecos.
Recordemos que el fundamento de la apelación presentada por parte de la administración Trump, fue que consideraba que la orden emitida por la jueza Frimpong, restringía erróneamente a los agentes migratorios que llevaban a cabo operativos en contra de personas inmigrantes irregulares, que carecen de la autorización para estar en Estados Unidos.
Se enfatiza que las redadas por parte de autoridades migratorias estadounidenses se han incrementado, efectuando gran operativo de capturas de 475 personas inmigrantes en Georgia recientemente, siendo la gran mayoría de Corea del Sur, así como 28 mexicanos.
Esta semana se iniciaron operativos de capturas de inmigrantes en Boston y Chicago, ciudades lideradas por demócratas y que se caracterizan por la protección a las comunidades migrantes, también se desplazarán miembros de la Guardia Nacional.
Se debe recordar en la administración Trump anunció en el mes de junio, nuevas regulaciones para agilizar el proceso de emisión de multas a personas inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos, incluyendo nuevas multas, así como la reducción de tiempo para apelar y la eliminación de un período de notificación de 30 días, como parte de acciones antiinmigrantes.
Las multas se establecen en montos entre $100 y $500 por cada ingreso ilegal o intento de entrada a Estados Unidos, y multa de $998 por día al no acatar la orden de deportación emitida por autoridades, hasta por cinco años atrás, que pueden pasar de más de US$1.7 millones, promoviendo juicios civiles para el cobro, promoviendo el auto deportarse por parte de las personas.
Al obtener una copia de la notificación que le es emitida a la persona inmigrante se indica dentro del texto: “Si no paga el monto total antes de la fecha límite indicada a continuación, el Departamento de Justicia podría iniciar acciones legales en su contra en cualquier momento”, indica un aviso incluido en una demanda reciente presentada por el Departamento de Justicia. “Sin embargo, puede evitar el pago si abandona voluntariamente Estados Unidos de inmediato”.
Los gobiernos de los países expulsores de inmigrantes, no advierten tampoco que el autodeportarse, aparte de recibir el pago del pasaje de retorno y un monto de US$1,000 dólares ofrecidos por administración Trump, también implica la aplicación de sanciones establecidas en la ley de migración de Estados Unidos que van de 2, 5 y 10 años el no poder retornar a dicho país, por el tiempo que hayan estado en forma irregular viviendo en la Unión Americana, lo que debería realizarse, así como recomendar realizar consulta con abogado migratorio de los pro y contras de autodeportarse.
