Hay varios proyectos de leyes que debe priorizar Guatemala para elevar el crecimiento del país y reducir la pobreza. A la vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace el llamado a fortalecer la supervisión de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES).
Esto forma parte de las recomendaciones del FMI, luego de la visita de la misión de dicho organismo realizada al país para la revisión del Artículo IV en junio pasado, cuando sostuvo reuniones con autoridades monetarias y financieras para revisar la economía de Guatemala.
En ese sentido, el 8 de septiembre, en un comunicado, se dio por concluida la Consulta del Artículo IV de 2025 con Guatemala por parte del Directorio Ejecutivo del FMI y compartió sus observaciones, así como recomendaciones.
PRUDENTES POLÍTICAS MACROECONÓMICAS
Los Directores Ejecutivos del FMI «elogiaron las prudentes políticas macroeconómicas de las autoridades, que han dado como resultado una baja inflación y sólidos márgenes de maniobra».
Resaltaron que la economía de Guatemala se mantiene resiliente y, en general, bien posicionada para afrontar las crisis externas y los desafíos internos.
Aunque, los Directores enfatizaron que «mantener el impulso del crecimiento y lograr un crecimiento sostenible e inclusivo a mediano plazo requerirá la implementación decidida de reformas, incluyendo un gasto público de mayor calidad y mejoras continuas en la gobernanza y el clima de negocios».
Asimismo, se considera «adecuada la postura fiscal expansiva para 2025, dada la desaceleración de la demanda privada. A mediano plazo, se justificaría revertir los déficits fiscales a promedios históricos de alrededor del 2% del PIB», se lee en el comunicado.
El FMI estima que las reformas de ingresos y gastos serán esenciales para mantener la sostenibilidad fiscal, a la vez que se contempla un mayor gasto en infraestructura y social.
También se destacó la necesidad de fortalecer la movilización de ingresos, mejorar la focalización de los programas sociales y la eficiencia del gasto público, optimizar la planificación y ejecución presupuestaria, y fortalecer la gestión financiera pública.
Si bien, el FMI reconoció la resiliencia del sistema financiero y los esfuerzos de las autoridades para fortalecer la regulación y la supervisión bancaria, enfatizó en la importancia de «ampliar la supervisión basada en riesgos, así como desarrollar aún más las herramientas macroprudenciales y fortalecer la supervisión de las tecnologías financieras y los servicios financieros digitales».
En ese contexto, los directores del FMI «alentaron a las autoridades a priorizar la revisión de la Ley de Bancos y Grupos Financieros de 2002, completar la transición a las Normas Internacionales de Información Financiera, impulsar el proyecto de Ley del Mercado Secundario, aprobar la ley de dinero electrónico e implementar la estrategia de inclusión financiera».
Asimismo, el FMI insta a las autoridades a priorizar la adopción de nuevas leyes, incluyendo:
- Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)
- Ley de Beneficiarios Finales
- Ley de Contrataciones Públicas
- Ley de Protección de Denunciantes
CODEDES
El FMI ve positivo que el gobierno de Bernardo Arévalo aborde los riesgos de corrupción en los proyectos de inversión municipal administrados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES).
No obstante, hizo hincapié en «la necesidad de fortalecer la supervisión y el desarrollo de capacidades de los (CODEDES)».
Se «insta a consolidar los logros institucionales mediante una estrategia anticorrupción a mediano plazo. También será importante continuar los esfuerzos para formalizar la economía y mejorar el clima de negocios», se lee en el boletín del FMI.
Recientemente, se aprobó en el Congreso de la República el Decreto 7-2025 que establece que los Codedes podrán usar recursos no ejecutados en otros años.
La nueva norma reduce el plazo para que ministerios, municipalidades y otras instituciones emitan resoluciones, permisos, autorizaciones y licencias, para los proyectos que se «contemplan» construir.
El decreto a desatado opiniones de rechazo por parte de varios sectores, incluyendo al la empresa privada organizada en el CACIF, con la que se pide al presidente Arévalo el veto de dicho decreto.
🚨 La transparencia en el uso de los recursos públicos debe garantizarse. #ComunicadoCACIFhttps://t.co/iqc5s7cNSg pic.twitter.com/uEJ9Aw02hs
— CACIF (@CACIFGuatemala) September 3, 2025
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