Sao Paulo, Brasil
AP
El Ministerio Público (Fiscalía) de Sao Paulo denunció hoy ante la Justicia al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva por delitos de estafa, falsedad ideológica, organización delictiva y lavado de dinero, informaron medios locales.
La denuncia penal fue realizada por el fiscal Cassio Conserino, e involucra a la esposa y uno de los hijos de Lula. Los delitos están vinculados a la presunta compra oculta por parte del exmandatario de un lujoso apartamento en Guarujá, en el litoral de Sao Paulo.
La presente denuncia tramita en un proceso diferente al de la Operación Lava Jato, que investiga la trama de corrupción que operó en Petrobras.
No obstante, ambos procesos coinciden en las sospechas de que Lula y su familia son los verdaderos dueños del tríplex y que este hecho fue ocultado, lo que configura lavado de dinero.
Según la denuncia presentada hoy, Lula da Silva y su familia ocultaron ser los verdaderos dueños del apartamento, que fue reformado por OAS por un valor cercano al millón de reales (unos 263 mil dólares).
OAS es una de las empresas implicadas en el caso Petrobras y varios de sus ejecutivos están encarcelados, entre ellos su ahora expresidente Léo Pinheiro.
Si la Justicia acoge la denuncia presentada hoy, Lula será procesado penalmente.
A través de un comunicado, el Instituto Lula, que se encarga de la oficina de prensa del exmandatario, explicó que Lula y su esposa, Marisa Letícia, adquirieron en 2005 una cuota parte del condominio cuando éste pertenecía a una cooperativa del sindicato de los bancarios de Sao Paulo.
Después, cuando el emprendimiento inmobiliario pasó a manos de OAS, porque la cooperativa no pudo continuar con la inversión, Lula y familia desistieron de la compra, por lo cual, aseguran, no son los propietarios del inmueble.
Las sospechas en torno al apartamento de Guarujá forman parte de la serie de denuncias contra Lula que llevaron a los fiscales de la operación Lava Jato a determinar el viernes que fuera llevado de manera coercitiva por la Policía Federal para ser interrogado.
Los fiscales afirman tener fuertes indicios de que Lula tuvo un rol destacado en la trama ilegal en Petrobras, se favoreció personalmente con los desvíos de fondos y benefició a su familia, al Instituto Lula y a su Partido de los Trabajadores (PT).
Silva gobernó Brasil entre 2003 y 2010. A pesar del escándalo de pago de sobornos a cambio de votos que forzó la dimisión de su jefe de gabinete y otros, dejó la presidencia con un nivel record de popularidad y seleccionó personalmente a su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff, fue ganó las elecciones fácilmente.
Silva y Rousseff han visto como su popularidad caía en picado al tiempo que Brasil entraba en su peor recesión en décadas y las investigaciones se extienden. El índice de aprobación de Rousseff es de un solo digito ahora, aunque se ha recuperado ligeramente en los últimos tiempos. La mandataria enfrenta además un juicio político.
