En América Latina, y particularmente en Guatemala, Derecho es una de las carreras universitarias más populares. Según el Centro de Justicia de las Américas, Guatemala cuenta con aproximadamente 200 abogados por cada 100,000 habitantes, una cifra significativa pero menor que países como Costa Rica (389) o Colombia (356). Sin embargo, la popularidad de esta carrera no se traduce en éxito académico: en 2020, la eficiencia terminal de la carrera de Derecho en la Universidad de San Carlos (USAC) fue de apenas 10%, según Gómez Willis. Esto significa que solo 1 de cada 10 estudiantes logra graduarse en el tiempo establecido. ¿Qué haríamos con una empresa de transporte que, de 100 viajes, solo completa 10 y 90 nos deja tirados en el camino?
El bajo rendimiento académico en Derecho refleja un problema más profundo: la enseñanza de esta disciplina en Guatemala no está alineada con las necesidades de una sociedad democrática. En 2005, en el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) de la USAC, lideramos un proyecto de reforma curricular con el apoyo de la agencia holandesa NUFFIC. Bajo la dirección de Víctor Ferrigno, incorporamos laboratorios jurídicos y mejoramos las prácticas docentes. Fue un esfuerzo ambicioso, pero insuficiente. Cambiar el currículo es como mover una montaña: avanzamos centímetros cuando se necesitaban kilómetros.
El desafío no es solo educativo, sino cultural. Guatemala es una sociedad marcada por el autoritarismo, el racismo y la desigualdad, herencias de la Conquista Española, la Colonia y una independencia que priorizó los privilegios de las élites. La revolución liberal de 1871 de Justo Rufino Barrios, lejos de democratizar, consolidó un sistema económico extractivista que demandaba abogados para justificar la inequidad, entonces se formaban abogados en la Universidad de San Carlos y en la Universidad de Occidente, con sede en Quetzaltenango, ambas universidades estatales. Las leyes, como el Reglamento de Jornaleros, legitimaron la explotación, no la justicia.
La enseñanza del Derecho no puede separarse del contexto histórico y político. La primavera democrática de 1944 marcó un hito al promulgar leyes para el desarrollo económico y social, pero fue interrumpida por la intervención de 1954, que desató 40 años de autoritarismo militar. Durante la guerra civil (1960-1990), la justicia fue reemplazada por la represión, dejando un legado de miedo y desconfianza en las instituciones.
Hoy, el sistema judicial enfrenta una crisis profunda. Desde el Organismo Judicial hasta el Ministerio Público, las instituciones que deberían garantizar el cumplimiento de la ley a menudo sirven a intereses particulares. La Facultad de Derecho de la USAC y otras universidades han sido señaladas por su rol en Comisiones de Postulación que perpetúan la corrupción, son parte del Pacto de Corruptos. Sin embargo, hay ejemplos de resistencia, como el de la licenciada Astrid Lemus, que demuestran que el cambio es posible.
El futuro de los programas de Derecho en Guatemala depende de nuestra capacidad para construir un Estado de Derecho auténtico. Esto requiere una reforma profunda de la enseñanza jurídica, enfocada en formar profesionales comprometidos con la equidad y la democracia, no con la defensa de privilegios. También implica replantear la Constitución como base de una nueva legalidad que refleje las necesidades del pueblo, no de las élites.
Como señala Carolina Escobar Sarti, Guatemala no es solo un paisaje, sino un país que debemos reconstruir desde sus cimientos. La tarea es enorme, pero urgente. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
