La bancada legislativa de Semilla presentó nueve objeciones a la Ley de fortalecimiento financiero y continuidad de proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 7-2025, el cual se aprobó de urgencia por diputados de oposición el 2 de septiembre.
La nueva ley pretende asegurar por lo menos dos años más fondos para proyectos que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) ejecutarán, sin embargo; se pretenden reducir los controles para la aprobación de los proyectos que desarrollarán.
Los diputados oficialistas que se oponen a ese decreto son Olga Villalta, Brenda Mejía, Raúl Barrera, Duvalier Castañón, José Carlos Sanabria, Luis Ventura, Victoria Godoy Palala, Alma Luz Guerrero e Ivanna Luján.
Entre las conclusiones que menciona Villalta en su objeción es que la nueva ley genera inseguridad jurídica y retroactividad encubierta al modificar condiciones esenciales de una norma, además, que la medida es arbitraria e irrazonable, contradiciendo a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y debe considerarse inconstitucional por violar principios de supremacía constitucional y anualidad presupuestaria.
A la vez, Sanabria señala que se debilitan los controles de transparencia, y la ejecución presupuestaria sería discrecional, sin plazos y responsabilidades establecidas.
Y el diputado Ventura cuestiona los nuevos plazos que se pretenden fijar para emitir los dictámenes. Mientras que su colega Godoy Palala entre sus objeciones incluye resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) respecto autorizaciones y el silencio administrativo.
Diputados aseguran más fondos a Consejos de Desarrollo en año preelectoral
PIDE CONOCER OBJECIONES
Durante la instancia de jefes de bloque de este 8 de septiembre, el jefe Unionista, Álvaro Arzú Escobar, pidió a la junta directiva incluir en la agenda de la próxima plenaria las objeciones, que según él tenía conocimiento que había nueve reclamos.
Dicha ley aún no ha sido remitida al organismo Ejecutivo debido a que en el pleno legislativo deben ser conocidas y discutidas las objeciones por los diputados, en caso de no aceptarse, el Congreso de la República debe trasladar el decreto a la presidencia de la República para su sanción y veto.
Horas después de que los diputados aprobaron esa normativa, organizaciones técnicas y civiles pidieron al presidente de la República vetar dicha ley.
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