Entidades especializadas en temas fiscales y manejo de recursos públicos han solicitado al gobierno que vete el Decreto 7-2025, es decir la séptima ley dictada por el Congreso en la presente legislatura desde que se aumentaron el sueldo los diputados, y que se orienta a beneficiar a los famosos y tenebrosos Consejos de Desarrollo que han sido vehículo para beneficio de muchos diputados. Con una celeridad y eficiencia que únicamente se vio cuando declararon el Día de la Biblia, la mayoría de diputados dispuso dictar un beneficio adicional a dichos Consejos y ello ha causado preocupación por las implicaciones que puede tener un mal manejo de miles de millones de quetzales.
El gobierno se ha limitado a decir que no ha recibido formalmente el decreto respectivo y que en todo caso analizarán la posibilidad de un veto, pero la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, apresuradamente advirtió que si el gobierno decide vetar la ley habrá manifestaciones, lo cual pondría a prueba seriamente la capacidad del gobierno y su temple. El presidente Arévalo ha dicho reiteradamente que en temas como el de la Fiscal General tiene que sujetarse a lo que dice la ley, pero el derecho a veto está consagrado en la Constitución de la República y si el mandatario estima, como lo hace tanta gente, que esa ley es malintencionada y perjudicial, tiene toda la facultad legal para vetarla.
Por supuesto que habiendo tantos intereses en juego muchos Alcaldes invertirán jugosas cantidades para movilizar gente en protestas contra Arévalo y su gobierno, pero el Presidente también debe considerar la importancia que tendría para él y para la población el mostrar firmeza y determinación para evitar lo que puede ser un descomunal desastre por la falta de control para auditar esos gastos. La Hora, cuando pudo entrevistar al presidente de la ANAM sobre el tema, consultó sobre cómo pensaba garantizar la transparencia en la administración de esos millonarios recursos y su patética respuesta fue que para eso está la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Ley que ha servido de tapadera, pero no de instrumento de transparencia y eso lo sabe todo mundo, incluyendo el Presidente, y que no se puede cambiar porque dependería del Congreso la emisión de una nueva normativa y ya sabemos cuál es la orientación de nuestro Organismo Legislativo.
Siero, al amenazar con manifestaciones, se muestra confiado en que el Presidente Arévalo preferirá seguir quitado de ruidos, como decimos corrientemente y por ello lanzó la advertencia. Pero esta es una prueba decisiva en muchos sentidos, empezando por determinar el temple presidencial para responder a una absurda amenaza que, en el fondo, persigue un cheque en blanco para el uso de miles de millones de quetzales.
