Este viernes 5 de septiembre, una redada de inmigración en una ensambladora de vehículos en Georgia, Estados Unidos, resultó con la detención de 475 trabajadores, según informaron autoridades federales.
La operación fue descrita como la mayor acción de control migratorio en un solo sitio en la historia del ente de seguridad, según comunicó un agente a cargo durante la conferencia de prensa que siguió la intervención. De acuerdo con ABC News, la orden de allanamiento fue autorizada por un juez, tras varios meses de investigación sobre supuestas prácticas laborales ilegales y otros delitos graves.
Según The New York Times, los trabajadores afectados fueron detenidos mientras laboraban para contratistas o subcontratistas en la planta. Las autoridades federales no han presentado cargos formales hasta el momento, aunque la investigación sigue en curso para esclarecer las responsabilidades de la empresa, matriz y sus contratistas.
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Medios como NBC News reportaron que entre los detenidos hay un número considerable de ciudadanos surcoreanos. El gobierno de Corea del Sur expresó su preocupación por el bienestar de sus nacionales y solicitó que se respeten sus derechos durante el proceso de detención y posible deportación.
Today, @ATFAtlanta joined HSI, FBI, DEA, ICE, GSP and other agencies in a major immigration enforcement operation at the Hyundai mega site battery plant in Bryan County, GA, leading to the apprehension of ~450 unlawful aliens, emphasizing our commitment to community safety. #ATF pic.twitter.com/su6raLrLu6
— ATF Atlanta (@ATFAtlanta) September 4, 2025
La BBC agregó que la redada generó tensiones diplomáticas, se desplegaron funcionarios consulares para brindar asistencia a los detenidos, mientras que se creó un grupo especializado para coordinar la atención a los afectados y mediar con las autoridades estadounidenses, especialmente por tratarse de ciudadanos de otro país.
Especialistas en derecho laboral y organizaciones pro inmigrantes advirtieron que esta acción podría disuadir a trabajadores inmigrantes de reportar abusos o buscar asistencia legal por temor a represalias o detenciones masivas. Además, indican que sin acusaciones formales, muchas de estas detenciones podrían convertirse en operativos de «casi castigo preventivo» en lugar de medidas judiciales justas.
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En el marco de esta operación, las autoridades defendieron que su objetivo fue «garantizar rendición de cuentas y aplicar la ley», mientras que voceros diplomáticos insistieron en que cualquier acción debe considerar el respeto por los derechos humanos y los procesos legales adecuados.
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