POR KIMBERLY LÓPEZ
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El Diario de Centro América publicó hoy el acuerdo gubernativo 49-2016, con el que la Presidencia veta la Ley aprobada por el Congreso para castigar a los ministros, secretarios y cualquier persona que maneje fondos públicos que no asista a las citaciones legislativas convocadas por los diputados.
Los diputados aprobaron el pasado 4 de febrero las reformas al Código Penal y a la Ley en Materia de Antejuicio en busca de penalizar con dos o tres años de cárcel la inasistencia de funcionarios y empleados públicos a las distintas citaciones convocadas por el Congreso.
El decreto normaba que “la persona individual o el representante legal de una persona jurídica, debidamente inscrita en los registros respectivos, que por cualquier concepto maneje, administre, custodie o reciba fondos públicos, que no comparezca luego de haber sido citado o invitado a asistir a informar al Congreso de la República, sus Comisiones o Bloques Legislativos, con una anticipación de cuatro días hábiles, deje de asistir sin causa justificada, será sancionado con prisión de dos a tres años”.
En la publicación oficial, el Ejecutivo enlistó sus razones para tomar esa disposición. Entre estas destacaba que el texto del decreto “denota inconsistencia y falta de armonía entre sí”.
También se hacía mención a que la disposición resultaba “contraria a lo prescrito en la Constitución”, pues daba lugar a la violación de garantías constitucionales del derecho de defensa y presunción de inocencia, pues a los funcionarios solo se les permitiría excusarse por alguna enfermedad.
Asimismo, el Ejecutivo explicó que no encontraba explicación alguna del porqué crear “otras figuras delictivas con la simple finalidad de aumentarse la pena y tener la exclusividad del Congreso y con esta creación violentan sus propias normas”.
De acuerdo a lo que dicta la Constitución Política, la decisión del Ejecutivo todavía será sometida a consideración.
Ahora está en manos del Organismo Legislativo atender el pronunciamiento y, luego de realizar las apreciaciones pertinentes, deberán aceptar o rechazar las razones que presenta el Presidente para justificar esta decisión.
Si se lograra un consenso entre dos terceras partes de los 158 diputados, podrían rechazar el veto a la ley. En ese caso, el Ejecutivo debería limitarse a sancionar y promulgar el decreto, respondiendo a la decisión del Congreso.
Sin embargo, durante el transcurso de la gestión, la bancada del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN) pasó de tener once diputados a conformar la bancada mayoritaria del Congreso, superando al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que antes ocupaba esa posición.
