Los accidentes en los que se ven involucrados buses extraurbanos son casi pan de cada día y muchas personas han perdido la vida como consecuencia de actos imprudentes realizados por pilotos que no tienen las calificaciones necesarias para operar con licencia tipo A, o por el mal estado que es casi la norma en cuanto a la condición de las unidades de transporte. Ayer funcionarios públicos de la Dirección General de Transportes y del Ministerio de Comunicaciones plantearon ante el Congreso la necesidad de modificar la Ley de Tránsito para poner más exigencias para el otorgamiento de las licencias de conducir.
Creemos que la propuesta es válida y se justifica plenamente, sobre todo ante la difusión casi cotidiana de videos en redes sociales en los que se evidencia el abuso, prepotencia e incapacidad de pilotos de buses en las distintas carreteras del país. Pero en realidad hace falta mucho más que ello; ciertamente profesionalizar a los conductores es vital y hace falta constatar habilidades psicométricas y hacer pruebas con simuladores, pero hay otros detalles que no se pueden dejar por un lado.
La responsabilidad de los dueños de los buses es absoluta en cuanto a la contratación de los pilotos y la ley tiene que establecer que ellos son absolutamente solidarios y responsables de lo que haga un piloto que viola las leyes y reglamentos de tránsito. No olvidemos que muchos pilotos, luego de haber causado muertes, abandonan el lugar del accidente y se dan a la fuga sin que los empresarios los identifiquen, lo que les permite evadir la responsabilidad y al día siguiente los conductores ya están al volante de otra unidad, dispuestos a repetir las mismas acciones abusivas, prepotentes y torpes que son parte de su modus operandi.
Los buses están, en su inmensa mayoría, en estados de calamidad por la vejez de las unidades que operan en Guatemala con licencias de operación extendidas por las autoridades; tiene que haber también un chequeo efectivo de las condiciones de las unidades para el otorgamiento de licencias y advertir a los dueños que hacen el trámite que ellos serán solidariamente responsables de los daños que sufran los pasajeros.
Pueden sonar medidas demasiado drásticas, pero la realidad exige actuaciones firmes y enérgicas del Estado para tratar de detener la ola de percances mortales que se repiten día a día y que enlutan a tantas familias que dependen del sistema de transporte público. Además, los usuarios del transporte viven en zozobra pero se la aguantan porque no les queda de otra. La mayor calificación de los pilotos es fundamental, pero también el que los dueños de las unidades sepan que si contratan a un irresponsable, ellos tendrán que responder legalmente por lo que hagan sus empleados. Es la única forma de lograr, de verdad, que terminemos con esa mortal anarquía.
Accidente colectivo sucedió en el Km 268 caserío La Vega, Santa Bárbara Huehuetenango. Se trasladan aproximadamente 25 personas heridas, 1 mujer fallecida, y 15 personas con crisis nerviosa. pic.twitter.com/XTcP5fBwe3
— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) August 31, 2025
