La Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrirá este septiembre una de sus carpetas más importantes. La renovación —y eventual reconfiguración— de buena parte de la judicatura de base que sostiene al Organismo Judicial (OJ). Decidirá el nombre y perfil del juez que continúa, es trasladado o nombrado en un despacho con base en un listado de participantes por oposición para el puesto.
El pleno, presidido por Teódulo Cifuentes Maldonado, entrará a conocer al menos 106 plazas vacantes para jueces de Paz y jueces de Primera Instancia cuyo período venció, según los listados del Consejo de la Carrera Judicial. No es un trámite menor. En la práctica, definirá qué magistrados amplían —o adquieren— su radio de influencia en decisiones clave del sistema de justicia.
En la CSJ conviven hoy dos corrientes. De un lado, el bloque afín a Cifuentes —Mauricio Corado Campos, Gustavo Morales Duarte, Claudia Paredes, Jenny Alvarado, Ramiro Contreras, Igmaín Galicia Pimentel y Flor García Villatoro—, que ha votado en sintonía las últimas decisiones. Enfrente, el grupo disidente integrado por Estuardo Cárdenas, René Girón Palacios, Flor de María Gálvez y Carlos Lucero.
Fuentes internas de la Corte Suprema anticipan a La Hora que la negociación pasará por “cuotas” de juzgados: votos en el pleno a cambio de colocar perfiles de confianza en plazas estratégicas. La distribución impacta, de rebote, en expedientes sensibles de antejuicios, amparos y materia penal que conocen los magistrados en las distintas Cámaras que integran.
106 PLAZAS VACANTES
La elección de estos cargos no es arbitraria en su origen. Parte de un listado de aspirantes avalados por el Consejo de la Carrera Judicial, organismo que convoca periódicamente a concursos de oposición.
En esos procesos, los jueces interesados deben presentar la documentación exigida, acreditar méritos y someterse a evaluaciones técnicas y académicas. Superada esa fase, los nombres que integran el registro quedan a disposición de la Corte Suprema, que en pleno decide a quién asignar cada una de las judicaturas ofertadas.
El listado al que accedió La Hora identifica 89 vacantes de jueces de Primera Instancia para proveer en 16 departamentos —Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Quiché, Santa Rosa, Zacapa, Jutiapa, Alta Verapaz, Retalhuleu, Quetzaltenango, Totonicapán, Chiquimula, San Marcos, Izabal, Petén y Huehuetenango—.
Los jueces de Primera Instancia son los titulares de los juzgados que tramitan y resuelven en primera línea procesos penales, civiles, de familia, laborales y niñez y adolescencia, entre otros. Sus decisiones pueden ser apeladas ante las salas correspondientes.
Asimismo, 17 plazas de jueces de Paz para ocupar el cargo en Sacatepéquez, Guatemala, Chimaltenango, San Marcos y Escuintla. Estos, por su parte, atienden conflictos de menor cuantía y actuaciones inmediatas, y suelen ser la puerta de entrada del ciudadano a la justicia.
PRECEDENTE RECIENTE
El 3 de abril, la CSJ ya aprobó decenas de movimientos —ascensos, traslados y nuevas plazas— en una sesión extraordinaria que quedó recogida en el Acta 15-2025.
Aquella acta, sin embargo, carece de firmas esenciales. No fue suscrita por el presidente Teódulo Cifuentes Maldonado, ni por los magistrados Flor de María García Villatoro y Estuardo Adolfo Cárdenas, ni por la entonces secretaria general Cecilia Moscoso Arriaza.
Analistas consultados por este diario advirtieron que esa omisión pone en entredicho la validez de las resoluciones y abre la puerta a impugnaciones. El reportaje detalló, además, quién propuso a quién y en qué materia y jurisdicción, un reparto que ya entonces reflejó la correlación de fuerzas dentro del pleno.
El bloque dominante de la CSJ incidió en nombramientos y movimientos de jueces penales
NOMBRAMIENTOS ILEGALES
El 20 de agosto, y bajo el argumento de reducir la mora judicial, la Corte Suprema aprobó la creación de cuatro nuevas Salas de Apelaciones. La medida fue presentada como un avance administrativo, pero vino acompañada de un paso aún más controvertido, la designación directa de 11 magistrados suplentes como titulares, una potestad que la Constitución reserva al Congreso de la República a partir de las nóminas de Comisiones de Postulación.
El magistrado Estuardo Cárdenas recordó entonces el precedente del Acuerdo 33-2017, cuando el Legislativo cubrió vacantes siguiendo el procedimiento constitucional. En aquella ocasión, el Congreso votó las designaciones a partir de la notificación del Consejo de la Carrera Judicial. “Compete al Congreso, no a la Corte Suprema de Justicia”, advirtió Cárdenas al pleno, señalando el riesgo de que el tribunal incurriera en una extralimitación de funciones con posibles responsabilidades legales.
Derivado de aquella decisión, un equipo de abogados encabezado por Edgar Ortiz presentó el 1 de septiembre un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la CSJ.
La acción busca frenar el nombramiento de magistrados en las cuatro nuevas Salas de Apelaciones, impulsadas por el bloque dominante de la Suprema. Ortiz subrayó que, si bien la creación de salas forma parte de las atribuciones del alto tribunal, no le compete designar a los magistrados titulares, facultad reservada al Congreso. “Al designar magistrados estarían usurpando funciones del Legislativo”, advirtió al fundamentar el recurso.
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