POR MARIELA CASTAÑÓN
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Un promedio de 20 personas ingresa diariamente al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, una de las cárceles preventivas donde se cobra a todos los reclusos un mínimo de Q3 mil de la denominada “talacha”, -cobro ilegal para evitar ser agredido y violentado-. Sobrevivir en la cárcel no es fácil, pues además de la primera extorsión, los reos se encuentran con negocios monopolizados y ausentes de control ¿Quién se beneficia de las exorbitantes ganancias?
Según los relatos de los privados de libertad y de sus familiares, la situación varía cuando se trata de una cárcel preventiva y una de cumplimiento de condena, porque en la primera estarán recluidos un tiempo hasta que diluciden su situación jurídica, mientras que en la segunda pasarán varios años si son encontrados culpables por los delitos que les imputan, es decir, las tarifas cambian de acuerdo a la situación legal y la ubicación de la prisión.
Un ejemplo es el Preventivo de la zona 18, donde según estadísticas oficiales ingresa un mínimo de 20 personas diarias. En esta prisión, la tarifa por el cobro de “talacha” es de Q3 mil. Al multiplicar este monto por la cantidad de reclusos que entran a prisión, las ganancias por el cobro ilegal suman un monto total de Q60 mil diarios; a la semana la cuantificación es de Q420 mil; al mes de Q1 millón 800 mil y anualmente Q21 millones 900 mil.
“Una sola mirada de pies a cabeza es suficiente para saber cuánto puede pagar. La cuota puede ser más alta si se ve que es de buena familia o que tiene sus recursos. Hay quienes llegan a pagar hasta Q6 mil u Q8 mil”, dice una fuente del Sistema Penitenciario (SP), quien pide el anonimato.
De acuerdo con personas detenidas, es el jefe de sector quien impone esa extorsión, pero muchas veces amparados por alcaides, guardias, directores de centros y hasta altas autoridades del SP ¿Es verdad lo qué dicen los reos? ¿Quiénes son los más beneficiados de este ilícito? ¿Cómo se reparten las exorbitantes sumas?
Mientras tanto, la situación para quien está en una cárcel de cumplimiento de condena varía, porque pasará varios años privado de libertad. No solo debe pagar una cuota más alta para dormir en un espacio mientras purga su condena, sino que debe aprender a vivir con los altos costos de rentar un teléfono de forma “lícita”, comprar agua, adquirir comida, entre otros.
Según los detenidos, algunos compran agua en bolsas hasta para bañarse, porque la que proporciona el SP está sucia y huele mal. El costo de una bolsa de agua es de Q1, los alimentos varían porque son adquiridos en los restaurantes de la cárcel y no todos tienen acceso a ellos, los que sí pueden lo hacen por entre Q25 hasta por más de Q100, depende de la bebida y el platillo, porque en la cárcel hay reos pudientes que comercializan sushi.
Algunos detenidos han logrado adquirir negocios o locales en algunas prisiones porque se lo compran al reo que está por abandonar la prisión y éste logró implementar sus propios proyectos, sin apoyo del SP. La mayoría de fuentes de empleo son por iniciativa del mismo recluso.
ENTRE MONOPOLIOS Y SOBREVIVENCIA
Víctor* cumplió su sentencia en Pavón por los delitos de robo agravado y posesión para el consumo de drogas. En su estadía debía pagar tarifas diferentes o más altas por lo que consumía o utilizaba. Por su espacio carcelario pagó inicialmente Q6 mil, mientras cumplía su sentencia, “y eso que el espacio estaba lleno de pulgas”, refirió.
Según Víctor, uno de los monopolios más rentables es la adquisición de tarjetas de teléfonos que están autorizadas por el SP; una sola empresa es la que distribuye las tarjetas en las tiendas de la cárcel.
El entrevistado agrega que los reos que usan los teléfonos instalados en la cárcel son quienes “no quieren problemas”, pues podrían usar los celulares que están prohibidos, pero su intención es mantener comunicación de forma lícita y salir pronto de la prisión.
“Todos quieren hablar con sus familiares, para eso puede comprar en las tiendas –de los reos-, tarjetas de Q5, Q10, Q20 o Q25. Ahí mismo dice que son autorizadas por el Sistema Penitenciario. Usted raspa un código, ingresa el número y puede hablar, pero no son cabales, si usted compra una tarjeta de Q25, que supuestamente es por 25 minutos, le viene dando 15 minutos”, explica Víctor.
El tiempo de duración de la tarjeta es menor, según Víctor, debido a que cuando llaman a sus familiares una grabadora advierte del otro lado que están recibiendo una llamada desde la cárcel y preguntan si el receptor acepta o no la llamada. Esto consume los minutos de inmediato.
Los teléfonos con esa grabación, llamados “antivándalicos”, son parte de un convenio firmado entre la Asociación de Telecomunicaciones Seguras (Astel) y el Sistema Penitenciario en 2012, durante la gestión del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.
Fuentes que participaron en aquella actividad dijeron que este mecanismo está vigente. En aquella ocasión, la firma del convenio no se hizo pública y explícita a los medios de comunicación.
La Hora requirió una copia del convenio al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, pero al cierre de esta edición no se logró obtener una copia. También se buscó a representantes del SP, pero dijeron que no localizaron el documento.
En tanto, fue consultado el exministro de Gobernación, quien admitió que ese convenio fue firmado entre el SP y Astel. Él conoció detalles generales hasta cuando la resolución de lo acordado subió a su despacho.
“La Fundación no maneja ningún recurso del Estado, lo que recuerdo que ofrecían era la instalación de las líneas fijas para garantizarle a los privados de libertad una alternativa de comunicación que estuviera en el marco de la ley y controlada, que no fuera utilizada para delinquir, eso fue lo que llamó la atención. El SP no tenía que hacer ninguna inversión, el dinero era de los privados de libertad, no había recursos del SP y del Ministerio de Gobernación”, explicó López Bonilla.
De acuerdo con el exfuncionario, los representantes de Astel se encargaron de implementar este servicio, sin pedir nada a cambio, únicamente el permiso para ingresar a las prisiones para realizar las diligencias que se requerían.
“Lo que ofrecieron fue la autorización para colocar los teléfonos físicos que había en los 23 centros carcelarios del país, ellos establecían la tarjeta prepago y con los códigos que tenían, los anuncios de advertencia para las llamadas que se hicieran desde las líneas fijas”, indicó López Bonilla.
Al exministro se le consultó sí la firma de este convenio buscaba beneficiar a Astel, pero refirió que no había motivo para ello.
¿QUÉ DICE ASTEL?
Representantes de Astel explicaron a La Hora que fue Luis González, exdirector del SP, destituido en 2013 por vínculos con el reo Byron Lima, quien vio el proyecto “como un beneficio para la institución”, mientras que en 2012 los teléfonos empezaron a funcionar.
De acuerdo con los argumentos de Astel, el convenio se logró porque el SP carecía de medidas de seguridad a la población, de falta de control y beneficios por parte de las autoridades, incluso por falta de teléfonos en algunos centros de detención. No hubo condiciones por parte de ellos ni de la cartera del Interior para trabajar en este proyecto.
Según los entrevistados, en 2014, el proyecto contaba con el aval de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Al consultarles sobre qué ganaba la Asociación con la firma de este convenio, indicaron: “Astel tiene como finalidad promover comunicaciones seguras y lo más importante del proyecto, donde por las características especiales del mismo, siempre se ha manejado la ganancia tripartita del Estado por no gastar recursos económicos y tener beneficios como enlaces en los cuales gana hasta el sistema de justicia en videoconferencias y herramientas de investigación también, los privados de libertad por tener el derecho a una comunicación legalmente establecida y la sociedad de Guatemala por la certeza que tienen al recibir una llamada de los diferentes centros de detención de conocer su origen por el enunciado establecido”, indicaron.
Los datos revelaron que 289 teléfonos están ubicados en 21 centros de detención y se estima que aproximadamente hay un teléfono por cada 75 privados de libertad; actualmente hay más de 20 mil detenidos.
A los entrevistados se les cuestionó sobre cuánto dinero obtenían de las tarjetas que se comercializan en las cárceles, inicialmente insistieron en que no eran ellos quienes realizaban esa comercialización, pero finalmente lo aceptaron.
“Existe un tema establecido en coordinación, dentro del proyecto que se tiene, obviamente sí existe una ganancia porque nadie va a hacer nada de gratis en esta vida, pero la función de Astel es coordinar a los diferentes operadores que funcionan ahí y exigirles que retribuyan un beneficio, si fueran en su totalidad de ganancia al cien por ciento y que no se eroga nada al sistema le podría poner que un enlace para una videoconferencia cuesta US$800 mensuales, lo use o no lo use, es un tema de interioridades que se manejan con temas del contrato y demás, pero la retribución al sistema como tal es palpable”.
A estas personas se les requirió una copia del convenio con el SP, pero dijeron que por la “confidencialidad” acordada en la firma del convenio era conveniente que el Mingob entregara una copia de ese documento y no ellos.
Asimismo, fueron consultados sobre el monopolio en la cárcel y respondieron: “La palabra monopolio es un poquito complicado generarla, sí usted indaga en su investigación, estos sistemas funcionan en Colombia, en El Salvador, en Honduras y México”, afirmaron.
MAYORES CONTROLES
A criterio de Corinne Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), es necesario que las autoridades eliminen prácticas ilegales como la “talacha”, que ha existido desde hace mucho tiempo.
“La ´talacha´ es una práctica que se ha dado desde hace muchos años, en algunos periodos se ha tratado de controlar más y en otros menos, pero es una práctica ilícita que no debería existir. Hay personas que se enriquecen de manera ilícita a costa de los privados de libertad; considero que debería hacerse un esfuerzo grande para eliminar esa práctica ilícita”, argumentó Dedik.
Por otro lado, la profesional dijo que actualmente el SP no tiene claridad sobre las actividades en la cárcel, ni tampoco sobre los temas de rehabilitación y registros para alcanzar la redención de penas, por lo que destacó la importancia de implementar control absoluto sobre lo que ocurre.
“En el tema de la rehabilitación y de las actividades comerciales en los centros carcelarios, hemos podido constatar en varios estudios que hemos realizado, que el SP no tiene claridad de los negocios o actividades comerciales que se llevan en los centros. Algunas actividades están registradas con el propósito de que las personas privadas de libertad se les acredite sus horas de trabajo para que posteriormente usen esos registros para la redención de penas, pero hay otra gama de actividades comerciales que no tienen propósitos o no son actividades lícitas”, opinó.
Dedik se refirió al tema de los teléfonos lícitos: “En el negocio de los teléfonos, lo delicado es que si una sola empresa provee el servicio de telefonía, tiene la libertad de vender los minutos por la tarifa que decida. La comunicación es un derecho de los privados de libertad, pero por ser un monopolio se abusa para poner tarifas demasiado altas”, indicó.
ACCIONES
Rudy Esquivel, portavoz del SP, quien fue consultado por la “talacha” y los monopolios en las prisiones, destacó en el caso del primer tema planteado que se busca fortalecer el sistema de denuncia y poner a disposición de los entes competentes a quien incurra en ilegalidades.
En el tema de los monopolios, Esquivel dijo que el director del SP, Luis Carlos de León, realiza un diagnóstico de los servicios que funcionan en las cárceles, para tomar las decisiones adecuadas.
En tanto, este año el SP interpuso ocho denuncias ante los entes competentes por diferentes ilegalidades detectadas, mientras que ha sancionado a más de 59 servidores públicos.
CONVOCAN A DIFERENTES SECTORES
La semana pasada el diputado Cornelio García del partido Todos convocó a diferentes sectores de la población para realizar un diagnóstico del SP y verificar qué reformas pueden hacer a la Ley del Régimen Penitenciario, al Código Penal y al Código Procesal Penal.
La Hora entrevistó a García, quien explicó lo que pretende hacer con el planteamiento a las reformas.
“Me gustaría ver en qué casos debe tener prisión preventiva el sindicado, en las aldeas y municipios hay personas que están detenidas por cosas simples, pero también la misma sociedad exige que esas personas estén presas. Tenemos que abrir el debate sobre si la pena debe ser un castigo o implementamos el sentido preventivo a la pena. El tema no es sencillo, no se trata de construir más cárceles o de incrementar el presupuesto”, explicó García.
Según el diputado, la intención es buscar alternativas para prevenir el delito y evitar que los detenidos constituyan peligro para la sociedad.
“Estamos haciendo un estudio, tenemos que revisar la suspensión condicional de la pena, las medidas de seguridad, no hay control sobre las medidas de seguridad. Lo que pretendo es que los delincuentes no constituyan un peligro para la sociedad, que se les tenga bajo control, habría que recurrir a medidas alternativas. Pretendo una política criminal que englobe todo el tema para tener el control de la delincuencia, el SP, la prevención del delito”, afirmó García.
Por otro lado, uno de los casos relacionados con la prisión preventiva y cuestionado por la opinión pública, fue el de José Joel Siguantay Gómez, de19 años, quien fue capturado junto a dos jóvenes por la muerte de un hombre en la zona 2 el pasado 21 de febrero. Siguantay fue detenido un día antes por manejar una motocicleta robada y portar varios teléfonos celulares sin factura, pero fue dejado en libertad por orden judicial.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), a través de las cámaras de videovigilancia se identificó a Siguantay Gómez, así como a Gerson Wagner Morales Ruano y Wilmer Alexander González Cabrera, como presuntos sospechosos de la muerte de Julio César Frese Arévalo.
La sociedad cuestionó que si Siguantay Gómez hubiera estado detenido, se habría evitado el crimen.
Los costos de la talacha
Q60 mil pueden obtener diariamente quienes cobran Q3 mil de “talacha” a unos 20 privados de libertad que ingresan diariamente a una cárcel preventiva.
Q420 mil representan los costos de la talacha mensualmente.
Q1 millón 800 mil pueden obtener los extorsionistas de reos al mes.
Q21 millones 900 mil anuales reúnen quienes cobran “talacha” anualmente.
Incumplimiento de la Ley
Aunque el Artículo 19 de la Constitución Política de la República ordena al Sistema Penitenciario atender la readaptación y reeducación de los reclusos, esa institución incumple con la normativa.
La disposición literalmente indica: Artículo 19. Sistema Penitenciario. El Sistema Penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas mínimas:
a. Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos.
b. Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con el personal especializado.
c. Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad.
La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo, da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata.
El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo.
