La idea de las Comisiones de Postulación surgió en el Consejo de Estado que creó en su gobierno de facto Efraín Ríos Montt, cuando tras la experiencia de los fraudes electorales de los años setenta, consejeros pensaron que la autoridad electoral no debía ser designada por políticos sino que debía darse a la academia la facultad de nominar a los posibles magistrados de un Tribunal Supremo Electoral. Desafortunadamente, la buena idea terminó siendo fatal porque no solo no se arrebató el poder de decisión a políticos mafiosos, sino que se prostituyó la academia y hoy lo vemos claramente no solo con muchas universidades que fueron creadas para ese fin sino también con el desastre de la Usac.
Los constituyentes luego pusieron comisiones también para designar a los magistrados de la Corte Suprema y de las Salas de Apelaciones, aumentando la tentación para que las mafias controlaran todo el proceso y de allí el tema de las famosas “comisiones oscuras” que se adueñaron de la facultad de controlar el sistema de justicia, con los efectos que hoy lamentamos.
Pues bien, pese a que el Congreso ha sido el gran aliado en el manejo de todo el aparato de justicia, mediante la elección de magistrados, ahora la Corte Suprema de Justicia dispuso aumentar la cantidad de Salas de Apelaciones y designó, a su gusto, a los que han de integrarlas, sacándolos de las listas de magistrados suplentes. En un precedente similar, fue el Congreso el que hizo la elección de los que serían titulares de las nuevas Salas de Apelaciones, pero esta vez la Suprema dispuso que es facultad de ellos ascender a los nuevos magistrados titulares.
Los operadores del Congreso, que tienen vínculo directo con la facción dominante de la CSJ, operaron para evitar ir al pleno del hemiciclo y elegir a dedo a aquellos que se puedan prestar a ser la nueva Sala Tercera de Apelaciones, es que tanto le rinde a Felipe Alejos y Cía. No le importó al grupo dominante de la CSJ violentar la ley para elegir por sí, mandando por un tubo el antecedente que son los diputados los obligados a designar a los titulares.
En el fondo al ciudadano lo mismo le da Chana que Juana, pues cumplir la ley y hacer que el Congreso designe a los nuevos titulares no es garantía de nada, pues es seguir en la misma ruta que viene de años. Pero obviamente ir al Congreso ahora que es peor mercado que antes, dificultaba materializar los acuerdos.
