Juan Francisco Reyes López
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El título de una ley no necesariamente corresponde a lo que es el fin y el contenido de la disposición. Un clarísimo ejemplo es la denominada “Ley de Protección al empleo” que recientemente aprobara el Congreso de la República. La ley correctamente debería de llamarse prolongación de exoneraciones y privilegios por cuanto eso es.
Se otorga de nuevo a un reducido grupo de empresarios maquiladores, la mitad de ellos extranjeros y la mitad de ellos nacionales, que no paguen impuestos sobre la renta, que no paguen ningún impuesto de importación o de exportación. En síntesis, que continúen obteniendo la concentración de la riqueza a base de exoneraciones y que de igual forma continúen aprovechándose de la fuerza laboral de nuestro país, pagando salarios mínimos inferiores a los que se pagan en el comercio, en los servicios, en la agricultura y en la industria.
Qué grave y censurable es que el nuevo Ministro de Economía, Rubén Morales, en menos de 24 horas salga públicamente, acompañado de uno de sus viceministros, aplaudiendo esos privilegios que se le otorgan a los empresarios organizados y para los que él ha trabajado numerosos años antes de ser ministro. Se comprueba que el Ministerio de Economía continuará, como lo hicieran los ex ministros Sergio de la Torre y Jorge Méndez Herbruger, haciéndole los mandados a los maquiladores, agregándose ahora a los empresarios dedicados a las llamadas internacionales o call center.
Ante esa circunstancia, partiendo del principio de igualdad, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio y Servicios deberían de exigir la derogación del pago presunto y anticipado del Impuesto Sobre la Renta que se instituyó durante el gobierno de Óscar Berger, ya que como se ha podido comprobar, muchas empresas, respetando esa disposición, al final del año pagan más Impuesto Sobre la Renta del que legalmente les corresponde y la diferencia se convierte en una deuda fiscal que en la práctica nunca se devuelve y que no puede aplicarse como deducción o pago a ningún otro impuesto, lo que ha impedido que muchas empresas puedan crecer, aumentar las plazas de trabajo y bajar sus costos de producción y por consiguiente los precios de venta de sus productos al público.
La Superintendencia de Administración Tributaria y el nuevo Ministro de Finanzas deberían solicitarle inmediatamente al presidente que vete la entrada en vigencia de esa ley que solo beneficia con exoneraciones a ese privilegiado grupo de empresarios maquiladores.
La Organización Mundial del Comercio, los tratadores de Libre Comercio con Estados Unidos, México, la Unión Europea y otros países se ven desvirtuados cuando se continúa con exoneraciones de impuestos que no son más que subsidios y privilegios para quienes aprovechan las ventajas de la excelente mano de obra guatemalteca y de la cercanía de nuestro país al mayor consumidor del mundo, Estados Unidos, violando los preceptos de la libre competencia.
El Ministro Rubén Morales y sus colaboradores deben comprender que están al servicio de la nación y no de sus antiguos empleadores.
Guatemala es primero.
