POR CLAUDIA PALACIOS
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El Ministerio Público (MP) abrió el debate explicando a los implicados los hechos por los cuales se les acusa. El primero al que se le imputaron acusaciones fue al reo Byron Lima Oliva, a quien el MP señaló de dirigir una estructura de corrupción dentro del Sistema Penitenciario (SP).
Según las investigaciones, Lima Oliva en complicidad con autoridades del SP realizó traslados ilegales de reos, a través de los cuales se enriqueció ilícitamente. Por estos hechos la fiscalía busca que se le imputen los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias entre otros. La fiscalía dijo tener constancia de siete casos de traslados efectuados por la estructura de Lima Oliva.
Como evidencia probatoria el MP presentó los audios de varias conversaciones telefónicas. En una de ellas, de fecha 24 de julio, se escucha a Lima Oliva y otra persona, que se supone es el acusado Carlos Heraldo Sermeño, coordinando el traslado de otro implicado, Fernando Amézquita, desde el Centro Preventivo de zona 18 a la Cárcel de Pavoncito, cambio por el que se acuerda cobrar $7 mil, de los cuales $5 mil serán entregados a, Edgar Camargo, director del Sistema Penitenciario y $2 mil a otra persona que actuaría como intermediario. En otra conversación se detallan los pormenores del proceso de traslados.
LOS RETRASOS
La audiencia que se suspendió el viernes a petición de la defensa se reprogramó para este día a las ocho y media de la mañana; sin embargo, inició una hora después y pese a que el juez Gálvez indicó que se entraría de una vez al trámite judicial los abogados defensores no tardaron en retrasar el proceso con diversas peticiones y recursos.
Fabio Ramiro Campos, quien desde su captura ha presentado diversos padecimientos de salud, se retiró temporalmente de la sala por lo que el abogado pidió que se suspendiera la audiencia para su cliente, petición que negó el juez hasta que fuera examinado por un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
El fiscal Juan Francisco Sandoval se retiró voluntariamente de la Sala luego de que Moisés Galindo, abogado de Byron Lima, solicitó su recusación argumentando que éste último tenía un proceso penal por atentar contra su vida. El abogado aclaró que no existía tal proceso en su contra ni alguna sanción disciplinaria. Posteriormente, Galindo y Lima presentaron una actividad procesal defectuosa que pretendía que se anulara todo el proceso, debido a supuestas violaciones de los derechos del acusado por parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público.
El juez Miguel Ángel Gálvez pidió a los abogados que esperaran a que se presentara el momento procesal oportuno para interponer los recursos y señaló la intención de los defensores para dilatar el proceso.
