POR MANUEL RODRÍGUEZ
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El presidente Otto Pérez Molina descartó rotundamente solicitar la ampliación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que vence en septiembre de 2015, con el argumento de que los países cooperantes ya no ofrecerían recursos para su funcionamiento en el país.
La negativa fue respaldada por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien consideró que el Ministerio Público y la cartera del Interior tienen la capacidad para realizar procesos de investigación eficientes; manifestando a la vez que “ya tenemos que aprender a caminar solos”, refiriéndose a la salida de la CICIG.
No obstante, el pasado viernes, Bonilla se mostró anuente a la posibilidad de ampliar la estadía de la CICIG en el país, luego que una investigación del órgano internacional, permitiera desarticular una estructura clandestina en el Sistema Penitenciario, dedicada al cobro ilegal por el traslado de reos a otras prisiones y comandada por el reo Byron Lima Oliva, quien purga una condena de 20 años por su participación en el asesinato del obispo Juan José Gerardi.
Al respecto, Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, consideró que la continuidad de la CICIG en el país va a depender del éxito que se tenga en el seguimiento de la investigación por corrupción en Presidios y las sentencias contra los implicados que se logren en los tribunales de justicia, porque solo así habrán condiciones para solicitar una ampliación del mandato.
Por lo tanto, opinó que el mandatario guatemalteco se equivocó al afirmar “tajantemente” que no se solicitara a Naciones Unidas la extensión de la estadía del ente investigador, argumentando que “él (Otto Pérez) no es vocero de la comunidad internacional… y puede ser que tengan sus dudas y ya no quieran aportar dinero, pero eso lo tienen que decir ellos”.
Ibarra insistió en que hay que ser cautelosos en este tema aunque reconoció que Guatemala necesita del apoyo de la CICIG en el sentido de que las instituciones del sistema de justicia, entiéndase Ministerio Publico, Gobernación y Organismo Judicial, no están en la capacidad de llevar a cabo pesquisas de manera independiente y objetiva porque “son parte de un Estado que se volvió criminal”.
Finalmente, la entrevistada advirtió que se esperan más confesiones en el seno del Gobierno que dejaran entredicho a otros funcionarios y persistirá el rechazo del trabajo de la CICIG por grupos de poder y en el ámbito político.
“Hay que hacer este análisis no a la luz del caso reciente de Byron Lima, sino en cuanto a las necesidades del país… la misma CICIG no ve como aliados ni a la Fiscal General ni al Ministro de Gobernación porque la investigación se trabajó y ellos no estaban enterados”, puntualizó Carmen Aída.
