En octubre del año pasado publicamos un trabajo de investigación que permitió establecer que en Guatemala se paga muchas veces hasta el doble de precio por algunas medicinas y editorialmente sostuvimos que ello es consecuencia de los históricos intereses de muchos funcionarios que se enriquecen con la compra de medicamentos. Desde tiempos de Ramiro de León Carpio en La Hora hemos publicado varias veces la forma en que una mafia estatal pactaba con otra mafia de proveedores que se ponían de acuerdo para, no solo negociar mordidas, sino para subir los precios a fin de incrementar sus ganancias, todo ello a costa del perjuicio a la población.
Hay quienes se han dado cuenta que el modelo no aguanta más y buscan cambios, pero les toca sobrevivir en medio de lo que ya se ha establecido y con lo que hemos convivido desde hace muchos años. Desafortunadamente no ha habido grandes avances en el tema de los registros sanitarios que se han manejado en el marco de esos sucios arreglos y que se convierten en instrumento a favor de los proveedores debidamente apalabrados y en perjuicio de los intereses de la población, tema que debiera cambiar este gobierno en el marco del mandato popular que los llevó al poder. En efecto, si no hay una diferente actitud para agilizar registros de medicamentos, siempre serán los mismos los que están en el mercado y que, por lo general, tienen “padrinos” a los que conviene que los precios sigan siendo más altos.
Tampoco existe un efectivo control farmacológico que permita con absoluta claridad establecer la calidad de algunos medicamentos genéricos que se comercializan simplemente porque así conviene a sus distribuidores, sin que se determine la existencia o no de la seguridad y eficiencia del medicamento.
Es este uno de los temas en los que la corrupción empezó mucho antes que en otras áreas de la actividad pública y ello ha tenido un tremendo impacto en el costo de cualquier clase de medicinas en el mercado nacional pues, lógicamente, mientras más pague el Estado por los fármacos, mayor puede ser la tajada que paguen los proveedores a los funcionarios que se enriquecen a costillas de la salud del pueblo.
Si damos el beneficio de la duda y asumimos que las actuales más altas autoridades no están incurriendo en esas prácticas, debemos entender que mientras no se hagan reformas y modificaciones, lo que tendríamos entonces es que los proveedores se están embolsando aún mucho más dinero al no sufragar el cobro de mordidas. Por ello es que no se puede ni debe postergar la modernización de los registros sanitarios y el control farmacológico, puesto que de ello puede depender el fin de esos vicios que han castigado a tanta gente que debe comprar sus medicamentos a precios realmente absurdos e injustificados o adquirir genéricos que nadie sabe su efectividad y bienestar para la salud.
