El juicio contra la fiscal Paola Pimentel, acusada por el Ministerio Público de María Consuelo Porras de revelar información confidencial del caso Manipulación de Justicia, dio un giro decisivo este 19 de agosto. En la tercera jornada del debate, la jueza Patricia Verás descartó que el disco duro —presentado por la Fiscalía como la “prueba reina”— pueda ser utilizado como evidencia material en el proceso.
La decisión supone un golpe al MP y los fiscales Jorge Luis Cortés y Edgar Barrascout Urízar, que ahora sostienen únicamente en declaraciones testimoniales el intento de lograr la condena de la fiscal, considerada por organizaciones de derechos humanos como víctima de una persecución política por participar en el caso en contra del militar fallecido Erick Melgar Padilla.
El caso se remonta a octubre de 2021, cuando Pimentel, siguiendo una orden judicial, entregó una copia del expediente a la defensa de Melgar Padilla mediante un USB proporcionado por ellos. Semanas después, el militar denunció que en esa entrega se habían incluido declaraciones bajo reserva. Como respaldo presentó un disco duro distinto al dispositivo oficial, nunca embalado ni sometido a cadena de custodia, que terminó incorporado al expediente hasta semanas antes de iniciar el juicio.
UN INICIO TENSO LA SALA
La audiencia comenzó con un cruce entre la jueza Verás y el abogado defensor, Herbert Pérez. La togada reprendió al jurista por supuestamente no llevar un folder con la prueba documental del caso. Pérez respondió que sí lo tenía, pero que las hojas ya habían sido extraídas del folder. El incidente marcó el tono de una jornada cargada de reproches de la jueza para la defensa.
Posteriormente, Pérez reprodujo un audio de la audiencia de primera declaración de Pimentel, en el que se escuchó al fiscal del caso solicitar seis meses de plazo para concluir la investigación. El propio fiscal argumentó en agosto de 2024 que era necesario un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al disco duro, con el fin de determinar de dónde había salido la información presuntamente filtrada.
Ese peritaje nunca se realizó. Fue la propia Pimentel quien solicitó que se llevara a cabo la diligencia, pero la Fiscalía lo desestimó. “El MP nunca hizo lo mínimo que le correspondía”, dijo la fiscal en una entrevista a La Hora, insistiendo en que el disco duro no fue el dispositivo original en donde ella entregó una serie de documentos en 2021, cuando obedeció la orden judicial de dar copia del expediente del caso a la defensa de Melgar Padilla en un USB.
LA PRUEBA QUE NO PODRÁ USARSE
La jueza Verás recordó en sala que ya escuchó la audiencia de ofrecimiento de prueba que celebró el juez Mario Hichos en la etapa intermedia del proceso, y coincidió con él en que el disco duro no puede ser admitido como prueba material durante el juicio.
En consecuencia, su contenido no podrá reproducirse ni verificarse para comprobar si incluye las declaraciones de testigos protegidos que, según la acusación, Pimentel reveló.
La decisión despoja al MP de su argumento central. Con el disco duro invalidado, la Fiscalía únicamente cuenta con el testimonio de cuatro testigos —entre ellos la hija de Melgar Padilla y abogados del militar— y los señalamientos indirectos contra la fiscal.
Para la defensa de Pimentel, esa contradicción demuestra la debilidad del caso. “Intentar reproducir lo que hay adentro es ilegal”, insistió el abogado Pérez en jornadas anteriores. La jueza Verás, con su decisión, reforzó esa postura al dejar al MP sin la posibilidad de verificar la prueba.
SIN RUMBO CLARO
Pimentel, con 16 años de trayectoria en el MP, fue suspendida de su cargo tras ser ligada a proceso en 2024. Desde entonces permanece sin ingresos y asegura que su única petición es “un juicio justo”. De ser condenada, enfrentaría una pena mínima de cinco años de prisión.
Con el disco duro fuera de juego y sin un peritaje que lo respalde, la Fiscalía se queda prácticamente sin sustento probatorio para sostener su acusación. El juicio continuará el próximo 2 de septiembre. El veredicto parece cada vez más condicionado por la fragilidad de las pruebas presentadas por el MP de Porras.
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