La odontología en Guatemala nació, como en el resto del mundo occidental, bajo la sombra de la medicina, considerada apenas como una extensión de ella. Con el tiempo se comprendió que la salud bucal merecía un camino propio, con especialidades y avances académicos que le dieran independencia. Ese paso se dio a finales del siglo XIX, pero en nuestro país quedó incompleto: se formaron odontólogos, pero nunca se hizo una política pública de salud oral.
En los años sesenta, un grupo de profesores visionarios impulsó el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), convencidos de que la odontología debía ir más allá de la clínica privada. Gracias a ese programa muchos graduados en la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos conocimos de primera mano la realidad social de Guatemala: las carencias de salud y, sobre todo, las duras condiciones de vida de la mayoría de la población. Esa experiencia reveló una verdad que sigue vigente: la odontología no puede desligarse de la desigualdad que marca a nuestro país.
En los 80 surgieron nuevas facultades de odontología —en la Universidad Francisco Marroquín, Mariano Gálvez, Mesoamericana, Upana, Da Vinci y Occidente—, pero esa visión social se perdió. El resultado ha sido el crecimiento de la profesión sin un proyecto nacional que la articule.
Hoy tenemos una profesión que ejercemos con pasión, pero también con grandes carencias que, en mi criterio, deben señalarse:
1. Ausencia de política pública de salud oral. Mientras la medicina cuenta con normas y presupuestos, la odontología permanece olvidada, sin planes que garanticen acceso universal ni prioridad en la agenda nacional.
2. Formación incompleta. Se nos forma en la ciencia, pero no en la gestión de clínicas, la administración ni la promoción de servicios. Muchos colegas improvisan, y la población pierde acceso a tratamientos organizados, sostenibles y accesibles.
3. Dependencia del mercado comercial. En un vacío regulatorio, los materiales dentales se venden libremente. Las casas comerciales imponen precios, marcan tendencias de consumo y convierten al profesional en rehén de sus intereses.
4. Mercantilización de la profesión. Personas ajenas a la odontología montan clínicas como negocio, priorizando la ganancia sobre la calidad. El paciente deja de ser sujeto de derechos y se convierte en un simple cliente.
5. Interferencia de aseguradoras. La falta de regulación permite que compañías de seguros auditen y condicionen tratamientos, desplazando la autonomía del profesional y relegando el interés del paciente.
6. Un sistema público desmantelado. Equipos obsoletos, falta de auxiliares, ausencia de registros clínicos y programas improvisados generan un panorama caótico donde, una vez más, el paciente es el más desprotegido.
7. Desorden en la práctica profesional. Desde el colega que monta su clínica con buena voluntad pero sin preparación administrativa, hasta el empírico comunitario que atiende sin respaldo científico, todos operan dentro de un sistema sin reglas claras ni mecanismos de control.
Conclusión
La conclusión es dura pero ineludible: en Guatemala la odontología existe como disciplina académica y como práctica profesional, pero carece de un marco regulatorio y de políticas públicas que la sostengan. La paradoja es evidente: contamos con profesionales altamente capacitados, pero dentro de un sistema que no los respalda, y con una población que nunca recibe la atención que merece.
El país necesita con urgencia una política pública de salud oral que regule la profesión, organice la formación, garantice la calidad en la atención y proteja al ciudadano. De lo contrario, seguiremos atrapados en un modelo improvisado, donde la desigualdad dicta el acceso a la salud bucal y el futuro de la odontología se diluye entre intereses comerciales y ausencia de visión de estado.
