POR KIMBERLY LÓPEZ
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El voto en el extranjero para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República fue aprobado ayer por el Congreso, en el marco de la aprobación a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. A pesar del aporte de los guatemaltecos residentes en el extranjero a la economía del país, aún no tienen el poder de incidir en la elección de diputados y alcaldes municipales.
La representante del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), Alejandra Gordillo, reconoce que aunque las remesas constituyen aproximadamente un 11% del Producto Interno Bruto (PIB), su costo social es aún más elevado por la manera en la que la migración impacta en los núcleos familiares, pues la mayoría deben abandonar sus hogares en la búsqueda de mejores oportunidades.
Pedro Pablo Solares, Director de la Asociación Puente Norte, indicó que pese a la incidencia que los aportes económicos de los migrantes guatemaltecos generan en el país, éstos no son actores reconocidos en el desarrollo del mismo, ni política ni socialmente. Y destacó que éste grupo es el más ignorado al momento de realizar los cambios en las agendas políticas.
Solares afirmó que ésta aprobación de reformas es un buen primer paso, sin embargo “eso no debe engañarnos” sobre la poca participación que el país da a los guatemaltecos en el extranjero.
Finalmente, explicó que estas decisiones demuestran que no está siendo recompensado el sacrificio de los migrantes en su aporte económico al país, pues esto denota exclusión en el ámbito político.
Por su parte, Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, manifestó que para los migrantes debería garantizarse el derecho a elegir a los diputados y alcaldes municipales; y opinó que al no incluirse esta opción en las reformas a la ley electoral se violan las condiciones de igualdad para éste grupo de guatemaltecos.
De la misma forma, Mack señaló que también debe considerarse la opción de que contratistas no sean financistas de partidos políticos porque esto da lugar a que prevalezcan intereses ajenos a los de la ciudadanía.
“Para ellos sería una inversión y verían la forma de cobrarlo”, explica la activista.
