El 14 de agosto de 2024, el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, dio a conocer uno de los casos de defraudación fiscal más grandes del país. Se trata de la existencia de una red conformada por 410 empresas denominada B410 que habría evadido impuestos por un monto superior a los Q300 millones.
La SAT presentó una denuncia ante el juzgado pluripersonal de Primera Instancia del Organismo Judicial. Sin embargo, a casi un año de hacerse pública la información, la investigación en manos del Ministerio Público (MP) a cargo de Consuelo Porras no avanza y lo reportado por el ente investigador es escaso, consideran analistas políticos.
De acuerdo con la superintendencia, los autores intelectuales “en alguna medida” se identificaban en la querella interpuesta en el MP y la información entregada estaba bastante completa, para que el caso pudiera trabajarse de manera eficiente.
La oficina de Comunicación Social del MP, informó que por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, continúa realizando las pesquisas de dicho caso y al momento han recabado «información crucial» para individualizar a los presuntos responsables y determinar los montos en los que ha sido defraudado el erario público.
Manifestaron que han sido de «suma importancia» las auditorías de la SAT, las cuales algunas están en curso.
De acuerdo con el MP, se ha logrado girar siete órdenes de aprehensión contra personas sindicadas de los delitos de estafa, testaferrato, lavado de dinero y fraude. Asimismo, dos personas están en fase intermedia del proceso por delitos contra el orden jurídico tributario.
«El trabajo de la fiscalía ha permitido recuperar hasta la fecha Q48,552,943.08 en concepto de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR)», aseguraron.
Por último, manifestaron que la fiscalía realiza varias diligencias no solo de orden jurídico tributario, sino de delitos contra la corrupción y el lavado de dinero.
Caso B410: MP sin explicar por qué Miguel Martínez no es el foco de atención
A DECIR DE ANALISTA DEL CIEN, «CASO ESTÁ MUY DÉBIL»
A criterio de Francisco Quezada analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la SAT no tenía las pruebas necesarias para presentar en el caso B410 y generalizaron los casos, “mezclaron los buenos con los malos”.
“Había participación de acciones ilícitas, pero también había lícitas”, declaró. Quezada agregó que en temas fiscales, la SAT debe agotar la vía administrativa y cuando el tema se haya agotado en esa instancia, trasladarlo a la vía penal.
“No hay que mezclar lo mediático con lo investigativo, porque al final se destruye la presunción de inocencia y aunque muchos sujetos sean impresentables, tienen el derecho a la defensa. Hay personas que, por muy mala reputación que tengan, tienen derechos”, dijo.
Según el analista, este caso está muy débil y aunque ha trascendido que han citado a varias personas por constituir una sociedad, finalmente no hay mayores resultados o capturas.
«EL MP NO ES INDEPENDIENTE»
Lindsay Tillit, analista política, opina que son preocupantes los escasos avances que ha presentado el MP, dado el monto de la defraudación fiscal que podría llegar a Q800 millones.
De acuerdo con la especialista, el ente investigativo apunta a que a la población se le olviden los casos importantes de corrupción como el B410, por eso no rinden cuentas de los avances que pueden tener.
“Es una red a gran escala descubierta en 2024, lo que hace es que evidencia lo que habíamos visto en el caso de la línea, que la corrupción sigue funcionando y no tenemos a un Ministerio Público como la fiscal dice, que es independiente porque no es así. Están cubriendo a todas esas empresas fantasmas y facturas falsas”, reiteró
Tillit manifestó que pese a que se recuperaron algunos fondos mediante embargos y otras acciones legales, todo el caso está entrampando por revocatorias, presentación de recursos legales, etc., que hacen retroceder la investigación y sin duda “están encubriendo algo”.
También reclamó que el ente investigador se dedique a perseguir políticamente a algunas personas y al tema electoral. “Ya vamos a arrancar las próximas elecciones y ellos siguen con esa historia. Han hecho mucho daño al sistema democrático en Guatemala”, dijo.
“Estamos hablando que el monto estimado de defraudación fueron entre Q300 millones a Q800, y para lo que han recuperado es nulo”, expresó.
Pese a que Miguelito siempre negó vínculo: la casa, la sociedad y el abogado del caso B410
EL CASO EN DETALLE
De acuerdo con las pesquisas que realizó la SAT, la red también tenía vínculos con otras empresas que, durante 2021, 2022 y 2023, hicieron negocios millonarios con el Estado, en el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez.
Según la información, el 75 por ciento de las firmas señaladas, fueron constituidas por el mismo abogado y la totalidad cuentan con el mismo representante legal.
Además, en la sección financiera de sus declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR), no presentaban activos que validarán la infraestructura para el desarrollo de sus actividades comerciales.
Otra de las irregularidades detectadas es que los contribuyentes tenían registrados domicilios en zonas rojas, pero no fueron localizados y contaban con el mismo perito contador.
La SAT precisó que una de las direcciones registradas por más de 200 empresas estaba en la 33 calle “C” 10-16, zona 7, colonia Bambi, pero el inmueble no existe según comprobaron los investigadores, sin embargo, para registrar su inscripción como contribuyentes, adulteraron documentos como recibos de agua, luz o teléfono.
Las empresas tienen el mismo representante, quien supuestamente tenía su oficina en la colonia Bambi, en la 33 calle “C, Lote 18, pero parece un terreno baldío.
SAT denuncia una estructura llamada "B410" y señala masiva defraudación
LA DEFRAUDACIÓN
Las 410 empresas facturaron bienes y servicios por un valor de Q5 mil 730 millones, de los cuales Q2 mil 186 millones facturaron entre ellas y Q3 mil 544 millones a otros contribuyentes entre 2021, 2022 y 2023. En 2024, facturaron Q714 millones.
Pese a la multimillonaria facturación, pagaron menos del 0.01% de impuestos, Q17.9 millones por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Q8.3 millones en ISR. Esto significa una posible defraudación tributaria de Q300 millones.
En la investigación, la SAT dividió a los 21 contratistas del Estado en dos grupos. El primero, conformado por 16 contribuyentes que le facturaron al Q4 mil 342 millones, y un segundo grupo de cinco constructoras, cuyos negocios con el Gobierno ascendieron a Q517.2 millones.
En total facturaron bienes y servicios por Q4 mil 859.2 millones. No obstante, la verificación de la superintendencia se centró del 2021 al 2023, por lo cual, si se toma en cuenta todo el periodo de gobierno del expresidente Alejandro Giammattei a agosto del año pasado, el monto de la facturación ascendía a Q9 mil 300 millones 741 mil.
Los contratistas son varios, pero el principal es Asfalto y Petróleos de Guatemala (Aspetro), compañía relacionada con el exjefe del desaparecido Centro de gobierno, durante el gobierno de Giammattei, Miguel Martínez.
Aspetro fue uno de los contribuyentes de los mencionados en la denuncia, que más adjudicaciones recibió en el período presidencial del exmandatario.
En tendencia:
Uniforme limpio, corte adecuado y saludo obligatorio: las nuevas reglas en las escuelas públicas de El Salvador
A casi un año de destapado el caso B410, analistas señalan contrastes entre investigación del MP y SAT
Oficializan inicio de obras en paso a desnivel de Cuchilla El Milagro; vecinos aún sin guía de rutas alternas
Orantes justifica compra de «supercomputadoras» de Q50 mil porque el «viceministerio no tenía equipo»
Un nuevo intento por reactivar el sistema ferroviario en Guatemala
De acuerdo con Guatecompras, esta empresa obtuvo contratos por Q2 mil 14 millones, le sigue Asfalto Ez Street con Q1 mil 745.5 millones; 4 Carriles, Q558.4 millones; Juan Pablo Mansilla Morales (Coamco), Q511.7 millones y Dibe, que obtuvo adjudicaciones por Q448.6 millones. Estas cinco empresas representan casi el 60 por ciento del total de contratos que recibieron los 21 contribuyentes.
Dentro de las instituciones del Estado que le compraron bienes o servicios a las 21 constructoras que menciona la denuncia de la SAT se encuentran seis ministerios, casi un centenar de municipalidades y otras instituciones públicas descentralizadas.
De acuerdo con la información, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), fue quien más contratos firmó con esas compañías con 150 por Q8 mil 70 millones, el 87% del total.
Le siguió el Ministerio de Salud que a las 21 empresas les adjudicó 17 contratos por Q297.5 millones, la Empresa Portuaria Quetzal, hizo lo propio con 12 eventos por Q130 millones y la Municipalidad de Guatemala le otorgó 11 por Q79.9 millones.
B410 y las millonarias compras de baja cuantía del gobierno de Alejandro Giammattei
Luego, el Ministerio de Cultura y Deportes le hizo nueve adjudicaciones por Q63.3 millones, la comuna de Cobán, Alta Verapaz, 25 por Q56.3 millones y la de Santa Catarina Pinula, Guatemala, 12 por Q48.1 millones.
Dentro de sus principales compradores también se encuentra el Fideicomiso de apoyo a la planificación urbana, de la comuna capitalina, al cual le facturó Q47.8 millones, la comuna de Morales, Izabal, Q41.3 millones; y la de Masagua, Escuintla, Q30.7 millones.
Por lo menos 10 de estos 21 proveedores continuaron facturándole al Estado en 2024, de acuerdo con los datos de Guatecompras que registra al menos 38 adjudicaciones por Q72 millones. Sus principales compradores han sido, la comuna de Guatemala, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Siquinalá, Escuintla.
LOS CONTRIBUYENTES QUE REGISTRARON VENTAS AL ESTADO EN 2024 SON
- Proyectos Generales y Construcciones Q17.9 millones
- Coamco Q13.6 millones
- PCS Constructores Q12.7 millones
- Constructora y Transportes JLE Q8.8 millones
- H3 Guatemala Q8 millones
- José Rodolfo Guerra Diaz Q3.6 millones
- Productos Especiales de Concreto Q3.1 millones
- Conamagresur Q2.6 millones
- Constructora y Transportes J. P. Q865 mil
- Construsur Q346 mil
CAPTURAN HA ABOGADO
El 16 de diciembre del año pasado, fue aprehendido por este caso el notario David Francisco Barrera Maldonado, quien estuvo en prisión preventiva luego de que el juzgado especializado en materia tributaria decidiera ligarlo a proceso penal por lavado de dinero.
En una audiencia celebrada a puerta cerrada, la jueza Erika Granados consideró que existían suficientes indicios para que Barrera fuera investigado por la forma en cómo obtuvo el dinero tras crear una serie de sociedades que posteriormente fueron utilizadas para defraudar al Estado mediante la estructura denominada B410.
Barrera es abogado y notario, fundador, administrador y representante legal de al menos 210 empresas dentro del grupo de 410 que presuntamente habrían defraudado al fisco durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, junto con su pareja Miguel Martínez.
Sin embargo, el 10 de junio de este año, los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones Penal, vinculada al diputado Felipe Alejos presidida por Alejandro Prado, otorgaron la libertad a Barrera, al acceder a una medida sustitutiva solicitada por la defensa.
EUREKA B410
El 26 de noviembre de 2024, la SAT también dio a conocer otro caso de defraudación llamado Eureka B410, en el que hace mención de un contribuyente señalado de una posible defraudación al Estado por Q6.9 millones.
La Hora ha dado a conocer en varias publicaciones periodísticas que el contratista individual Douglas Alexis Espinales Baños por medio de las empresas Construcción y Transportes Espiba y Affida Express, recibió millonarios contratos durante la cuestionada gestión del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja sentimental Miguel Martínez.
Dicho contratista es el señalado por la superintendencia de facturar al Estado cerca de Q133.5 millones de 2021 al 2024.
Espinales Baños un proveedor que, en el gobierno de Giammattei, obtuvo el 90% del total de contratos que ha firmado con el Estado en su existencia, no ha sido capturado por estos señalamientos y otras irregularidades encontradas en contratos con instituciones del Estado.
Respecto de las investigaciones en este caso, el MP ha informado que se han hecho varias diligencias, no obstante, no se han realizado capturas.
