Por SONIA PEREZ D.
GUATEMALA / Agencia AP
Un tribunal ordenó que un subteniente retirado del Ejército y un exparamilitar paguen un total equivalente a más de un millón de dólares a las víctimas de violaciones masivas como resarcimiento por los crímenes cometidos.
El exsubteniente Esteelmer Reyes Girón deberá unos 65 mil dólares y el exparamilitar Heriberto Valdez Asij a pagar unos 32 mil 500 a cada una de las 11 víctimas que participaron en el juicio.
El Tribunal condenó el viernes a Reyes a 120 años de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad incluida la esclavitud sexual y doméstica de por lo menos 15 mujeres, así como el asesinato de una mujer y sus dos pequeñas hijas durante la guerra interna en Guatemala (1960-1996).
También condenó a Valdez a cumplir 240 años de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad incluida la esclavitud sexual y doméstica de por lo menos 15 mujeres y la desaparición forzada de siete hombres, esposos de algunas de las mujeres violadas.
Durante la audiencia las abogadas querellantes del proceso dijeron que tras los vejámenes las mujeres que sobrevivieron y huyeron en condiciones deplorables por lo que era justo resarcir el daño psicosocial, emocional y físico recibido.
Las mujeres también solicitaron que se continúe con la búsqueda de sus esposos desaparecidos. Y que para que no se repitan los hechos la sentencia se traduzca a los 24 idiomas indígenas hablados en el país.
Asimismo, pidieron que se gestionen proyectos de vivienda y que haya un centro de salud cercano a la comunidad, entre otros, a lo cual el tribunal accedió.
La defensa de los acusados dijo que estos no contaban con los recursos para pagar el resarcimiento solicitado.
El juicio fue considerado «histórico» por organizaciones de Derechos Humanos por ser el primero en el que un tribunal local juzga y condena a acusados de delitos sexuales durante una guerra.
Se escucharon los relatos de los vejámenes por el que 15 mujeres tuvieron que pasar durante seis meses en el destacamento militar Sepur Zarco, ubicado en el norte del país entre los años 1982 y 1983.
Tras la incursión del Ejército en la comunidad, los soldados se llevaron a varios hombres desapareciéndolos, cuando las mujeres llegaron al destacamento militar a reclamar por el paradero de sus esposos fueron violadas y luego obligadas a cocinar y a lavar la ropa de los soldados.
En la sentencia la jueza Yassmín Barrios dijo que el tribunal creía en el testimonio de las mujeres y que el trato recibido por estas fue «cruel e infame» y que había sido peor a que aún animal.
