Hoy publicamos preocupante información proporcionada por personas que, por obvias razones, prefieren quedar en el anonimato, referente al trabajo que viene realizando el grupo dominante dentro de la Corte Suprema de Justicia para conformar alrededor de 17 nuevas Salas de Apelaciones que serán integradas con magistrados suplentes puestos a dedo por esa CSJ, sin que su designación sea parte de procesos de postulación específicos. Hay información preocupante de cómo se conformaron los listados de salas y quiénes fueron los que llevaron los mismos.
El tema es preocupante pues si algún problema es gravísimo en el país es el control que las mafias ejercen sobre el sistema de justicia, lo que será agravado con la conformación de salas cuyos integrantes ya hacen romería en las oficinas de miembros de la Corte Suprema para “negociar” su puesto.
Ha trascendido que en Estados Unidos hubo una actividad empresarial para analizar la posibilidad de atraer más inversión a Guatemala y que dentro de las conclusiones se dijo que la debilidad institucional en nuestro país es uno de los grandes retos. Y es que ningún inversionista quiere arriesgar su capital invirtiendo en un país donde la ley vale muy poco o nada, porque los que son encargados de administrarla están a la venta del mejor postor. Hemos sostenido, hasta el cansancio, que lo más urgente en nuestro país es el restablecimiento de un auténtico Estado de Derecho, mismo que fue destruido con toda alevosía para garantizar la impunidad de quienes se vuelven millonarios robando ese dinero público que debiera servir para la inversión en el desarrollo del país y, sobre todo, en el desarrollo humano de sus habitantes.
La conformación de nuevas Salas, con los magistrados que fueron “postulados” dentro del sistema imperante, es un paso para hacer más grave la situación que sufrimos en materia de administración de justicia. Y, peor aún, cuando se ve la larga fila de aspirantes a negociar un puesto en esas Salas que, por disposición del grupo dominante de la CSJ, se planea conformar este mismo año, sin esperar a la nueva elección de magistrados que deberá hacer en el futuro el Congreso de la República.
Si los inversionistas extranjeros se preocupan de la “debilidad institucional” de Guatemala, cuánto más debemos preocuparnos los ciudadanos que día a día estamos expuestos a injusticias apañadas por juzgadores y magistrados que fueron puestos precisamente para defender el sistema corrupto que ha sido tan bien estructurado. Un inversionista arriesga su capital, pero los guatemaltecos estamos mucho más expuestos por eso que, diplomáticamente, llamaron debilidad institucional cuando en la práctica es un secuestro burdo de la institucionalidad.
Lo más duro es que, como hubiera dicho Chespirito, ¿quién podrá defendernos? Los pocos pero que los hay de jueces y magistrados probos para terminar con ese manoseo y, obviamente, los que tienen esa calidad son tan raros que apenas llegan a ser ínfima minoría. Sobre ellos debemos construir.
