María José Cabrera Cifuentes
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En una coyuntura cargada de eventos políticos tan relevantes, no es de sorprendernos que se deje de poner atención a otros que podrían llegar a considerarse menos notables o cuando menos cuya importancia podría parecer menos urgente.
En esta ocasión me referiré al eterno diferendo territorial, insular y marítimo que Guatemala tiene con Belice, tema que en ocasiones da mucho de qué hablar y en otras pareciera haber desaparecido. Sin embargo, siempre está latente, siempre esperando a que suceda algún acontecimiento que lo detone para ser desempolvado para luego volver a ser guardado e ignorado por quienes tienen en sus manos ponerle un punto y final.
La historia de las diferencias territoriales entre ambas naciones tiene su origen en La Colonia, cuando la Corona Española concedió permiso a Gran Bretaña de talar y el palo de tinte dentro de lo que era su jurisdicción en ese momento. Poco a poco los ingleses se fueron adueñando del territorio hasta que en 1859 con el objetivo de evitar la ampliación del territorio ocupado por los británicos se suscribe entre Guatemala, como País independiente, y la Corona Británica el Tratado Aycinena-Wyke en el que se estipularon los límites geográficos de ambos territorios a cambio del establecimiento de medidas adecuadas de comunicación entre ambas. Esto último quedó incumplido.
En 2008, tras infructuosos esfuerzos para la solución definitiva del diferendo se firma el Acuerdo Especial entre ambos gobiernos con el objetivo de dar una respuesta absoluta al diferendo. Sin embargo, la naturaleza del Acuerdo parecía condenarlo al fracaso. El planteamiento del mismo era definir el contenido para realizar una consulta popular simultánea que determinara si sería conveniente elevar la materia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ésta dictase una resolución definitiva.
El año pasado se firma un protocolo al Acuerdo Especial que no representa un acercamiento a obtener la respuesta para la solución permanente al diferendo territorial entre ambas naciones. Por otro lado, la Ley de Referéndum vigente de Belice, obliga a la asistencia a las urnas del 60% de los empadronados para que el resultado de una consulta popular sea considerado valido, cifra prácticamente imposible de ser alcanzada. Por otra parte, considero improbable que los beliceños admitan dejar en manos de la CIJ la decisión de la conservación o no de cerca de la mitad de su territorio.
El sábado recién pasado, alrededor de una veintena de miembros de la organización “Voluntarios Territoriales de Belice” pretendieron izar una bandera de ese país en uno de los islotes que es materia de la disputa llevada a cabo y que por tanto, no pertenece a ninguno de los dos países. A pesar de que la inteligencia guatemalteca tuvo la capacidad de prever los hechos y de adelantarse para contrarrestar la acción que se pretendía llevar a cabo, estos son hechos que deben ser considerados como una alerta para el país y que deben servir como un indicador para continuar con la búsqueda de la solución definitiva que se ha aspirado encontrar desde mucho tiempo atrás.
La inconformidad y el sentir nacionalista de algunos grupos de ambos países ha concluido en terribles acciones en la Zona de Adyacencia, dejando una gran cantidad de víctimas, cantidad que en el futuro se puede llegar a incrementar.
Por tanto, Guatemala debiese estar explorando otros casos de diferendos territoriales y otras posibilidades de resolución. Por ejemplo, la utilización del Pacto de Bogotá para la presentación unilateral del caso en la CIJ, mecanismo utilizado entre otros por Nicaragua para la solución del diferendo de delimitación marítima con Colombia, en el que el primero resultó hasta cierto punto favorecido.
El presidente de la República Jimmy Morales, tiene la oportunidad de avanzar para poner fin al histórico diferendo que nos ha enemistado con nuestros hermanos beliceños desde La Colonia. Deberá rodearse de expertos en la materia y, sobre todo, contemplar los mecanismos alternos de solución de conflictos de similar naturaleza pues de continuar con lo estipulado en el Acuerdo Especial, si la Ley de Referéndum de Belice permanece en las mismas condiciones que hasta hoy, los frutos serán inexistentes.
El tema ha sido desgastante para el país y debe agotarse con urgencia. Que el incidente del fin de semana haya concluido pacíficamente no supone que los siguientes concluirán en la misma forma. El abordaje objetivo del tema es fundamental para acercarnos a la solución de la problemática sin que esto signifique un detrimento para ninguno de los dos países involucrados y sus poblaciones.
