La población guatemalteca está incrédula y sorprendida por la retahíla de nuevas organizaciones políticas -más de veinticinco- que están por autorizarse en el Tribunal Supremo Electoral; ello nos da la pauta para interpretar que el Gobierno de Guatemala fue considerado por determinados sectores de la ciudadanía como el botín perfecto para que sus pseudo dirigentes pudieran salir de pobres y escalar posiciones sociales que nunca hubieran podido hacerlo a no ser por su llegada por elecciones generales supuestamente democráticas.
Casi cada día se descubre la novedad de una nueva identidad de exfuncionarios de Gobierno que engrosa una lista que abochorna a cualquiera y que actualmente son algunos de los representantes de diversos departamentos en el Congreso de la República, así como las personas que siguen trabajando en diversos puestos clave de la administración pública, proveyendo de información sensible a sus patronos los exfuncionarios.
Lo que debió ser una labor que en principio fuera para lograr un mejor país con bienestar y prosperidad en la medida de lo posible, se transformó en un desapego creciente y separación de la población que los favoreció con su voto; se cerraron filas entre los conmilitones y se califican como deslices las conductas que causan bochorno a costa de omitir o desobedecer los deberes propios en un Estado de Derecho.
Sigue prevaleciendo la lealtad hacia las siglas e intereses de los partidos que ahora están en la oposición alardeando de una supuesta superioridad moral, desdeñando los principios éticos de todo servidor público que es la forma de alimentar o aumentar la desconfianza de la administración pública; haciendo que la ley y la ética pública se conviertan en papel mojado. Vivimos un tiempo sombrío en el que se le exige a la población un comportamiento ejemplar mientras la justicia relativiza los delitos cometidos.
No cabe duda que, durante los gobiernos anteriores se extravió el sentido moral del poder renunciando a la responsabilidad pública abriendo aún más, de como ya estaba, la puerta a un destino o porvenir sin rendición de cuentas ni la asunción de responsabilidades. Estamos viviendo contextos de crisis institucional y descrédito de la política, en los que se ha vuelto recurrente la aplicación de los mínimos penales por omisión o aceptación de cargos de los responsables de los grandes desfalcos al erario nacional llegándose al colmo de los colmos al insinuar en los fallos judiciales que, al no haber delito corresponde incluso pedir disculpas a los infractores.
El trabajo político no es sólo estar basado en la legalidad, es también legitimidad; y ésta se basa en la coherencia entre lo que se predica y lo que se practica, la ética no se mide por el tamaño del escándalo ni por la calificación jurídica de los actos, se valora por la fidelidad a los principios, incluso en las acciones aparentemente más pequeñas.
El problema por tanto, no sólo es jurídico, sobre todo cultural por lo que es urgente en Guatemala recuperar la cultura política donde la ejemplaridad de los gobernantes: presidente, vicepresidente, gobernadores, diputados y alcaldes entre otros asuman que el ejercicio del poder es dar ejemplo de actividad honesta, pues mientras no se entienda que una conducta puede ser legal, aunque inmoral, no habrá verdadera regeneración institucional, porque cuando se pierde el sentido moral del poder, todo lo demás se convierte en una farsa política.
