POR REDACCIÓN LA HORA
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De forma sorpresiva y como muy pocas veces ocurre, el Congreso aprobó de urgencia nacional la Ley Emergente para la Conservación de Empleo con 113 votos, lo que significa que se mantendrán los beneficios y exenciones fiscales a la industria exportadora y call centers por diez años más. Mientras el Ministerio de Economía y el sector exportador celebraron la aprobación (el Mineco incluso lo hizo antes que se aprobara), otros sectores son críticos en cuanto a los beneficios de la Ley en el contexto del desfinanciamiento del Estado y el posible incumplimiento de los acuerdos firmados con la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Desde tempranas horas de la mañana un rumor corría en los pasillos del Congreso. Algunos diputados estaban cabildeando la aprobación de la Ley Emergente para la Conservación de Empleo y la mayoría de bancadas había dado su voto. “Se aprobará de urgencia nacional con 105 votos”, dijo un congresista a La Hora.
Y no era mentira, porque así quedó la votación final:
La Ley, que ofrece la exención del Impuesto sobre la Renta por diez años a sectores de vestuario y textiles venía siendo demandada por el sector exportador desde el año anterior, previniendo que el 31 de diciembre se finalizarían los beneficios y exoneraciones fiscales establecidos en el decreto 29-89.
En más de una ocasión, empleados de maquilas protestaron frente al Congreso por la reforma al decreto, ya que sus jefes les advirtieron que de no aprobarse las empresas se tendrían que retirar del país y ellos perderían sus empleos.
Finalmente, tras algunas enmiendas por parte del Ministerio de Economía, la Ley obtuvo 113 votos como ya se evidenció en el recuadro. A esta ley le corresponde el decreto 19-2016, que regirá hasta 2026.
Con ésta se estableció que el Ministerio de Economía (Mineco), cartera que impulsó dicha normativa, podrá suspender los beneficios fiscales a las compañías desde dos meses hasta un año, si estas incumplen con la normativa y reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Los call centers y maquilas que podrán tener acceso a la Ley Emergente del Empleo son las personas individuales o jurídicas que hayan o estén operando con la zona libre de industria y comercio de Santo Tomas de Castilla y las que gocen de los incentivos fiscales por otras leyes vigentes, que no sean los de la Ley de Maquilas.
LOS APLAUSOS
Incluso antes de la redacción final de la Ley, el Ministerio de Economía ya había emitido un comunicado celebrando la decisión de los diputados.
“El Decreto 19-2016: Ley Emergente para la Conservación del Empleo aprobado esta tarde por el Congreso de la República permitirá la estabilidad laboral a más de 100 mil personas en los sectores de vestuario y textiles, y de servicios, tipo call y contact center”, asegura el Ministerio en el comunicado.
“Esta Ley no solo ayuda a conservar estas inversiones, también atraerá nueva y fomentará la reacción de empleo, especialmente en el área urbana, lo cual beneficiará a muchos jóvenes”, indica.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) también expresó satisfacción por la aprobación de la misma.
“Agradecimiento en nombre de miles de familias guatemaltecas que hoy tienen la certeza de su empleo en la industria textil y, por el lado de la industria de tecnología, de los jóvenes y guatemaltecos que han invertido preparándose en herramientas para tener un puesto de trabajo basado en su talento, es el sentimiento que invade a los empresarios exportadores asociados a Agexport, ante la buena noticia de la aprobación de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo”, reza el texto.
De acuerdo con la asociación de exportadoras, el número de empleos conservados será de 180 mil, es decir, 80 mil más que los que contabiliza el Ministerio de Economía. [PP1]
Alejandro Ceballos, de la Comisión de Vestuario Textiles (Vestex) señaló que la iniciativa era necesaria para cumplir con los compromisos de la OMC referentes a la igualdad de condiciones fiscales en la región.
“NO HAY CERTEZA DE BENEFICIOS”
Sin embargo, otras entidades no están tan seguras de la conveniencia de una Ley que exonere impuestos en el contexto de desfinanciamiento del Estado.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera que la Ley no cuenta con datos suficientes ni análisis técnicos para evaluar los beneficios que traería al país, ya que no es posible hacer el contraste entre el sacrificio fiscal que generan contra el supuesto beneficio en términos de empleos.
La entidad considera la exoneración de impuestos un “privilegio fiscal injustificado”, medida que se ha vendido como una forma de traer inversión y generar empleo, pero que no tiene datos oficiales para comprobarlo. Un indicio de ello, son los números dispares de empleos creados de Agexport y los de Economía.
Un dictamen de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) sobre una iniciativa anterior, pero que buscaba el mismo objetivo, señala que la cantidad de empleos generados, sin especificar año, por el sector exportador es de 171 mil 976, según el Ministerio de Economía, pero advierte que no son datos certeros. “Es oportuno recomendar que dicho Ministerio inicie las acciones correspondientes para contar con información sistematizada, actualizada y oportuna, de manera que sea posible conocer los empleos generados por las entidades beneficiadas por los citados decretos, que permita mejores análisis sobre la materia”, indica.
NECESARIO CAMBIO DE ENFOQUE
Jonathan Menkos, analista del Icefi, señala que la atracción de inversiones de calidad y la generación de empleos bien remunerados sólo se puede lograr con un cambio de enfoque de la política de competitividad, la cual debe pasar del modelo discriminador y obsoleto basado en privilegios fiscales a un plan de desarrollo integral asentado en medidas como elevar la calidad educativa; subsanar las graves deficiencias del sistema de salud pública; ampliar la infraestructura económica y social; lograr fuerzas de seguridad públicas que reduzcan el gasto en seguridad privada y así reducir la violencia y la criminalidad; un sistema de justicia funcional que garantice el Estado de derecho, entre otras condiciones.
“Hay estudios internacionales que revelan que estas condiciones son mucho más importantes y atractivas para los inversionistas de calidad, que la opción de no pagar impuestos”, dijo.
El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, defendió la medida señalando que “se restringió muchísimo la elegibilidad de empresas que pueden participar en el modelo, entonces no hay espacio para que empresas que hoy están pagando impuestos se muevan al sistema. Por lo que no se estima que haya un impacto de hoy, que reduzca el pago de impuestos”.
Sin embargo, admitió que no hay datos certeros para calcular pérdidas o beneficios para el fisco ni la cantidad de empleos que se generan.
“Hay un dictamen de la SAT que se envió al Congreso que estima el impacto, de acuerdo a las empresas inscritas, pero estoy de acuerdo en que en este país no hay datos de muchas cosas, entonces los análisis se deben hacer con aproximaciones muy generales y sí sería mejor tener cifras mucho más precisas”, dijo.
Asimismo, admitió que el Ejecutivo aún no discute medidas alternativas integrales para lograr incrementar los niveles de inversión. “Es un tema de agenda que no hemos empezado a ver, dado que nuestras prioridades son recuperar la recaudación”, señaló.
TEMORES POR ACUERDOS CON OMC
Contrario a lo afirmado por el representante de Vestex, el Icefi expresó su temor a que la normativa incumpla los compromisos adquiridos ante la OMC, especialmente en materia de las subvenciones prohibidas.
El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, con respecto a la prórroga de beneficios fiscales, señala que “Todo Miembro (…) adoptará (…) las medidas internas necesarias con miras a eliminar las subvenciones a la exportación (…) Además, a partir del 1 de enero de 2008, y en ningún caso más tarde del 31 de diciembre de 2009, el miembro notificará a cada beneficiario del programa que no se otorgarán más subvenciones a la exportación en el sentido del párrafo 1A del artículo 3 del Acuerdo SMC, ni se mantendrán las existentes, una vez concluido el año civil 2015”.
Un informe técnico de la SAT sobre la antecesora de la iniciativa 5007, la 4997, indica que al prorrogar los beneficios fiscales para el sector exportador el país corre el riesgo que, con arreglo al Derecho Internacional, los órganos de vigilancia de la OMC establezcan que el Estado de Guatemala no cumple con el compromiso de eliminar subvenciones a las exportaciones.
En tal caso, eventualmente el Estado de Guatemala tendría que responder ante los órganos internacionales competentes.
En este sentido, la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila también lamentó la aprobación de la Ley. “Esta iniciativa de la supuesta Ley de Inversión y del Empleo, nada que ver con su nombre, menos con lo del Empleo. Violenta las mismas normas de recomendación de la Organización Mundial del Comercio, que dijo ‘Dejar de dar privilegios al sector Empresarial’. Esto dice que no se puede crecer en el desarrollo si se les permite la exoneración de Impuestos que deben fortalecer el fisco, para la inversión social sobre todo en Salud y Educación.”
El comunicado también señala que en el Tratado de Libre Comercio se hace referencia a que “es motivo de sanción cuando se generen condiciones que vengan a favorecer al sector empresarial, sobre la base del desarrollo de los trabajadores”.
Al razonar su voto en el dictamen de la Ley por la Comisión de Trabajo, el diputado Álvaro Velásquez, de Convergencia, indicó que no se dialogó con la clase trabajadora para que se regulen los derechos laborales, “dado que no quedan claros los mecanismos para la aplicabilidad del Código de trabajo y la aplicabilidad de los convenios internacionales en materia laboral.
