Una de las noticias actuales es la denuncia que presentó Joviel Acevedo ante el Ministerio Público contra los diputados que llegaron a la reunión, por lo visto privada, entre él y diputados del partido de Sandra Torres y que perseguía lograr que ellos, los parlamentarios, se conviertan en parte del proceso de negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y se quejan de agresiones por parte de los diputados del oficialismo (facción Raíces), pero no se recuerdan de las burdas agresiones que cometieron los sindicalistas en contra de comunicadores sociales que estaban documentando lo que ocurría frente al Palacio Nacional cuando la PNC se preparaba para el desalojo.
Joviel tiene, por supuesto, abiertas de par en par las puertas de un Ministerio Público que es muy fuerte y muy firme para entrarle a cualquier denuncia que se haga contra aquellos a los que tiene entre ceja y ceja. En cambio, para quienes fueron agredidos por los dizque maestros que forman el anillo de seguridad del dirigente sindical, sería estéril presentar una denuncia porque es evidente que entre la prensa y el STEG no hay punto de comparación en cuanto a las actitudes del Ministerio Público.
La agresión que realizaron los “maestros” contra los periodistas está gráficamente documentada y eso, en cualquier país con un verdadero ente que se encargue de la investigación criminal, sin duda daría lugar a acciones para deducir responsabilidades. Se trata de un hecho público, pero al respecto no existe ni existirá el menor interés por entrarle al tema. Eso pasa cuando la justicia está al servicio de determinados intereses, pues únicamente aquellos casos en los que se puedan vengar de los que consideran como enemigos serán tomados en cuenta, mientras que los otros, los que implican verdadera aplicación de la ley, terminan dirimiendo el sueño de los justos.
En el mismo Congreso se pudo ver la reacción del anillo de seguridad que tiene el secretario general del sindicato magisterial para impedir el ingreso de diputados que no pertenecían a la bancada afín, perteneciente al partido UNE de Sandra Torres. Al final acordaron que esos diputados sean parte activa de toda la negociación entre el Sindicato y el Ministerio de Educación, función que no corresponde a los miembros del Congreso según el listado de atribuciones que detalla la Constitución de la República ni el Código de Trabajo que regula la negociación de los pactos colectivos.
Obviamente ningún diputado tiene derecho a agredir a nadie bajo ninguna circunstancia, pero lo mismo se puede y debe decir de los “dirigentes magisteriales” que trataron de golpear -por lo menos- a periodistas que estaban filmando la situación que se vivía frente al Palacio Nacional.
