Factor Méndez Doninelli
“Que en tanto se procede a la negociación y transacción de las fincas señaladas y en acatamiento de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, se suspenda cualquier procedimiento de desalojo de campesinos en la zona, ya que como señaló OACNUDH: “el actual procedimiento violenta sistemáticamente los derechos humanos a una defensa adecuada, a la presunción de inocencia, el derecho a la vivienda y… el derecho a la alimentación.”
En tanto, ello, el Estado de Guatemala debe abstenerse de ejecutar desalojos campesinos”.
Emplazamiento público al Presidente de la República.
Asamblea Social y Popular.
Guatemala, febrero 2016.
En Guatemala, organizaciones sociales, campesinas, populares y de pueblos originarios, continúan reiterando ante autoridades de Estado, Gobierno y opinión pública, peticiones muchas de ellas históricas, hasta ahora sin ser atendidas, mucho menos satisfechas, que vuelven a poner en el centro del debate temas como, acceso a la tierra, nacionalización de energía eléctrica, defensa del territorio, resistencia a exploración y explotación minera, construcción de hidroeléctricas, extensión de monocultivos, desvío de ríos, criminalización de luchas sociales y represión contra defensores de derechos humanos.
Mientras esto pasa, los oligarcas exportadores con la anuencia de altas autoridades, continúan violando leyes y vulnerando derechos de la gente pobre, al desviar las aguas de caudalosos ríos para llevarla hasta sus latifundios y regar los monocultivos de caña de azúcar y palma africana, que extienden más la frontera agrícola y ponen en peligro la seguridad alimentaria de la población. El desvío del cauce natural de los ríos, altera el ánimo de la gente y crea condiciones para posibles confrontaciones violentas. Esta semana, pobladores de las riberas de ríos de la región sur, deshicieron los diques que los terratenientes ordenaron levantar. Previendo una escalada del conflicto, autoridades locales y gubernamentales instalaron una mesa de diálogo que por el momento ha calmado los ánimos.
Por otra parte, pobladores rurales del departamento de Alta Verapaz, ante el cobro abusivo y desmedido, más el mal servicio de las empresas transnacionales (israelí, española e italiana) proveedoras de energía eléctrica, mantienen resistencia contra el cobro usurero y exigen al Gobierno y Diputados, la nacionalización de este servicio estratégico vital.
En relación al reclamo histórico de acceso y tenencia de la tierra, exigen la pronta aprobación del Decreto 4084, Ley de desarrollo rural integral, que ha avanzado en el Congreso Nacional, pero que ahora hay un retroceso debido a que el pleno la devolvió a la comisión específica, a pesar que ya se ha conocido en dos lecturas. La razón de esta vuelta atrás, es porque las élites oligarcas volvieron a poner el grito en el cielo, aferrados por impedir a cualquier precio, que este proyecto de Ley sea por fin aprobado.
Para avanzar hacia la modernidad, el país necesita fortalecer la institucionalidad democrática, regulando el acceso a la tierra, la explotación de recursos naturales no renovables, el uso de las aguas comunes, la legítima defensa del territorio y medio ambiente.
Es fundamental que los diputados aprueben la iniciativa 4084, que aprueben una Ley de aguas, que revisen las concesiones para exploración y explotación de metales preciosos y minerales, en lo relativo al porcentaje de regalías que corresponden al Estado. Es también fundamental, que el Gobierno garantice protección al trabajo de defensores de derechos humanos y abandone la criminalización de luchas y demandas sociales.
