Actualmente se encuentran sometidos a investigación criminal Luis Pacheco y Héctor Chaclán, dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, señalados como promotores des bloqueos viales en 2023, incluyendo la protesta frente a la sede del Ministerio Público, en Gerona. Y viene al caso la cuestión pues nuevamente se puede observar cómo funciona el doble rasero que hay en el manejo de casos que hace la Fiscalía General de la República puesto que aquellas acciones no difieren en absoluto con las que ahora realiza el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala -STEG- dirigido por Joviel Acevedo.
Si los bloqueos que se hicieron frente al edificio ubicado en Gerona dan motivo a que se investigue penalmente a los dirigentes de los 48 Cantones, que protestaban por las acciones del MP para anular las elecciones, es difícil entender por qué ahora, cuando la protesta no es frente a sus instalaciones sino frente al Palacio Nacional en la Plaza Central, el hecho no amerita ninguna investigación.
Hubo ya resoluciones judiciales que obligaban al desalojo de la Plaza Central que no se llegaron a cumplir y nadie, absolutamente nadie, ha iniciado alguna investigación para determinar si hay o no violación de la ley en ese caso. Creemos que la ley debe aplicarse por igual en cualquier circunstancia puesto que, de lo contrario, no se está fortaleciendo el Estado de Derecho ni el régimen de legalidad que son indispensables para la pacífica convivencia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.
Se trata de elemental sentido común puesto que en situaciones iguales, en las que se puede considerar que se trata de protestas pacíficas, unas son perseguidas mientras que otras toleradas como si nada estuviera ocurriendo. El derecho a manifestar y expresar ideas es general y debe ser reconocido, por lo que así como se permite a los maestros cerrar la vía pública y mantenerse en la Plaza Central, debiera actuarse también en lo relacionado con las protestas que la población hizo en el año de las elecciones, cuando hubo una manifiesta intención de anular todo el proceso para impedir la investidura de las autoridades que resultaron electas.
Lo mismo que pasa con los casos de corrupción sucede con lo relacionado con las protestas ciudadanas. Hemos visto que los responsables de los más escandalosos casos de enriquecimiento ilícito en el país salen libres porque no se aportan las pruebas que demuestran su responsabilidad. En cambio, cuando se trata de perseguir a los que el MP tiene entre ceja y ceja, se evidencia un claro interés y las diligencias son apresuradas, dejando claro que aquí no hay persecución penal sino persecución política.
