POR VIRGINIA CONTRERAS
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La debilidad de los sistemas de la carrera profesional, el crecimiento desigual e incoherente de las instituciones de justicia y la falta de un presupuesto adecuado y una eficiente gestión del gasto, son los rezagos que evidencia el estudio «Desafíos actuales de la justicia penal», de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el cual fue presentado hoy en un foro que contó con la participación de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con Asíes, la falta de recursos en el Organismo Judicial (OJ) es evidente porque en la brecha entre el presupuesto requerido y el aprobado, lo que ha derivado en que los magistrados de la CSJ enciendan las luces de alerta sobre la debilidad institucional.
En este sentido, la asociación señala que las limitaciones económicas y materiales de la institución hacen difícil contar con los medios suficientes para llenar con los requerimientos de la población en materia de justicia.
En Iberoamérica “Guatemala es el sexto país con menor gasto en poderes judiciales por habitante. No obstante es el país que más gasta en justicia en relación al presupuesto público nacional. Es decir, proporcionalmente se destinan más recursos para la administración de la justicia; sin embargo dado que el gasto público de Guatemala es muy bajo, también lo es el monto neto que destina con este fin”, refirió Lorena Escobar, analista de la entidad.
En tanto, Raquel Zelaya, presidenta de la junta directiva de Asíes, destacó que cada vez se le presta mayor importancia a la justicia penal y se ha despertado un interés de la ciudadanía, por lo que debieran darse las condiciones adecuadas a las instituciones para que den los resultados de “justicia, pronta y cumplida”.
En dicho evento, el presidente del OJ, Rafael Rojas Cetina, destacó que las reformas constitucionales son las bases para fortalecer el sistema de justicia y aunado a ellas, las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Amparos, exhibición personal e inconstitucionalidad, entre otras.
En otro tema, el funcionario dijo no tener ninguna observación en contra del pacto colectivo del OJ, ya que su contenido no genera ningún impacto en el presupuesto de la institución.
Asíes concluye en que la asignación presupuestaria debe ser coherente con una serie de medidas que van desde la prevención hasta las prioridades en la persecución penal, pasando por modelos de gestión y planificación de un sistema que requiere considerar incluso los índices de crecimiento demográfico del Estado.
