Es increíble que, en pleno siglo veintiuno y en este momento de la Historia, la población guatemalteca no pueda vivir la plenitud de sus libertades y ejercer sus derechos; desde hace un puñado de años y bajo la bandera de una simulación de democracia, uno de sus mayores fundamentos se encuentra en un lugar frágil y delicado debido al ejercicio autoritario del poder de gobiernos anteriores que aún tienen a sus adeptos enquistados en la administración pública.
No podemos olvidar que la amenaza a la libertad de expresión y los ataques que han sufrido quienes se han permitido de una u otra manera mostrar la realidad o poner al descubierto los negocios sucios de los funcionarios bajo la retórica del engaño, han sido parte de nuestro contexto histórico con dolorosos y trágicos ejemplos de los alcances negativos que tienen por oficio silenciar a las voces críticas que los investigan y documentan, los que cuestionan y ofrecen la oportunidad para conocer la realidad que día a día estamos viviendo.
La búsqueda de la verdad incomodó a quienes ocuparon lugares en la estructura gubernamental, del poder político y económico, anteponiendo sus intereses personales; la corrupción siempre activa ocupa un lugar de privilegio cuando la delincuencia organizada y desorganizada son las que disponen de las piezas que se mueven en el tablero de la ilegalidad.
La censura, bajo sus diferentes rostros no sólo trató de silenciar a periodistas o comunicadores, ésta ya llegó a las puertas de la denominada sociedad civil, quienes se autoasumen como modelos de moralidad y democracia ante la población. ¿Cómo entender que la ley en Guatemala se utiliza para amordazar a quienes criticaron a los gobiernos anteriores y sus figuras titulares?
Uno de los principios del periodismo es su naturaleza, que es la de prestar un servicio público; por ello, cuando una persona aspira a un cargo de elección popular, sea hombre o mujer firma un pacto implícito con la población: el de someterse al escrutinio público. Ese escrutinio no siempre es amable, cómodo o halagador; de hecho, su valor reside precisamente en su capacidad de ser inquisidor, cuestionador y, a veces, implacable. Aunque los riesgos que corre por decirlo sean delicados.
Cuando un funcionario público utiliza el sistema judicial contra una voz crítica, el mensaje trasciende al individuo acusado, sean cuales sean las características de la crítica; de hecho, se convierten en una advertencia global para todo el gremio periodístico. Es una estrategia de imponer silencio por ejemplaridad como mecanismo que fomenta la autocensura y limita el debate público.
Los funcionarios públicos por su investidura y los recursos disponibles tienen un umbral de tolerancia a la crítica mucho más alto que un ciudadano particular; los periodistas en su oficio de ser vigilantes de la administración pública tienen el deber de fiscalizar las acciones, señalar inconsistencias y denunciar abusos de quienes traten o impidan limitan el derecho de la población a ser informada.
La persecución judicial a periodistas resulta una táctica de manual en regímenes autoritarios, en populismos que buscan polarizar y en gobiernos que actúan por revancha política. Se presenta al periodista no como un crítico, sino como un enemigo, un adversario al servicio de intereses oscuros. Recurrir a los tribunales para castigar a los periodistas o medios de comunicación es una práctica inadmisible que denota la profunda incomprensión e ignorancia de la función de éstos. La crítica, el cuestionamiento y la denuncia son variantes esenciales de la función del periodismo.
