Hace menos de 15 días, el STINDE triunfó en el proceso para elegir la representación sindical ante el Consejo Directivo del INDE. Byron Ulissis Ortiz Ramírez y Miguel Ángel Tzoc Morales, fueron electos como titular y suplente, respectivamente. Este sindicato logró derrotar a Samuel Nenroth Hernández Orantes, quien se había eternizado como representante de los sindicatos en dicha institución, haciendo alianzas con políticos señalados como corruptos y otros poderes oscuros.
Dicho sindicato también ha librado una tenaz lucha por defender al INDE como empresa del Estado, productora de energía. Incluso se ha enfrentado, en alianza con el Ministro de Energía y Minas, para evitar que el INDE pierda más de tres mil millones de quetzales que algunas municipalidades no han pagado, a pesar de haber cobrado tal servicio a sus vecinos. En pocas palabras, el STINDE ha enfrentado las políticas neoliberales que han intentado privatizarlo todo, incluyendo la producción estatal de energía. Desafortunadamente, no han tenido todo el éxito deseado, pero han librado esa lucha y lo siguen haciendo. Defienden un interés nacional sin descuidar las reivindicaciones concretas de sus bases.
Refiero lo anterior a propósito de la lucha que actualmente libra el gobierno en contra del STEG y su principal dirigente, Joviel Acevedo, la cual goza de una gran simpatía popular plenamente justificada. Pero el momento es oportuno para darse cuenta a quien corresponde la principal responsabilidad de esa perversión que ha sufrido dicho sindicato y su principal líder.
Lo que sucede con el STEG y otros sindicatos estatales es producto de un proceso político consciente y mal intencionado de destruir al movimiento sindical. Primero, asesinando a sus dirigentes, luego creando alternativas mediatizadoras de sus luchas, como el solidarismo, y, con mayor profundidad, mediante una estrategia para desideologizarlo, para convertirlo en un sindicalismo blanco, intentando borrar de su genética su inspiración de lucha transformadora y que se limite a lograr reivindicaciones concretas para sus bases y privilegios para sus dirigentes. No nos dejemos engañar, ni el STEG, ni Joviel Acevedo, son los principales responsables de la degeneración que ha sufrido dicho sindicato y su dirigencia.
El STEG fue algo diferente. A partir del derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Árbenz Guzmán perpetuado por la CIA en julio de 1954, pocas semanas después, el 1 de agosto del mismo año, el STEG fue disuelto legalmente. Su principal dirigente, Víctor Manuel Gutiérrez, fue el heroico mártir del STEG, quien fue vilmente asesinado el 6 de marzo de 1966 cuando el ejército impulsaba la atroz y criminal política de la contrainsurgencia.
Fue hasta el 27 de mayo de 1988 que se logró el resurgimiento legal de este icónico sindicato.
Lo anterior no significa que durante ese período en el cual no hubo STEG el Magisterio Nacional no mantuviera una lucha por sus derechos gremiales, pero también con una visión transformadora de la realidad. Basta recordar al Frente Nacional Magisterial, organización que se confrontó con los gobiernos militares, incluyendo al sanguinario Arana Osorio, luchando por sus reivindicaciones, pero también por la democracia. Hay heroicos mártires entre los dirigentes de dicha organización magisterial.
El sindicalismo magisterial guatemalteco, en sus inicios, se reivindicó como parte de la clase trabajadora. Recuerdo muy bien cuando estudiaba en la Escuela Normal Central para Varones, en los años sesenta, que en el portón de la entrada estaba escrita la frase “El Maestro no es un apóstol, es un trabajador” y bajo esa inscripción estaba el nombre de José Martí. Esta identificación de clase no significa negarle a esta noble profesión el apostolado que significa educar. Pero ahora, el sindicalismo blanco al cual empujó brutalmente el neoliberalismo se expresa ahora en el STEG y su dirigencia.
Por eso, el objetivo debe ser RECUPERAR EL STEG. El gobierno no debe caer en la trampa de hacer una estrategia, en la cual para enfrentar a la dirigencia de ese sindicato, termine, aunque no lo pretenda, impulsando una política antisindical.
En tal sentido, me parece que una parte de la iniciativa de ley número 6558 que presentaron recientemente diputados oficialistas, tiene el riesgo de convertirse en parte sustancial de una política antisindical. Me refiero al Artículo 214 «bis», titulado Coacción sindical, que literalmente dice: “Quien de cualquier forma coaccione y obligue a un trabajador a afiliarse o desafiliarse de una organización sindical determinada, o bajo amenaza de represalias o exacciones lo intimide para ejecutar acciones sindicales, en contra de su voluntad o libre determinación, será sancionado con prisión de seis meses a un año e inhabilitación absoluta de uno a tres años”. La equivalencia que hace entre ambas conductas penalizadas, “afiliarse o desafiliarse”, puede ser solo el disfraz que luego sea utilizado para la criminalización del sindicalismo en su necesaria lucha por conquistar afiliados y promover la participación de sus bases en las luchas concretas a las que sean convocados. Es un error legislar casuísticamente. ¿Ya se les olvidó por qué el Presidente no puede destituir a la actual Fiscal General?
Sé quienes son los progresistas diputados ponentes de dicha iniciativa de ley y, por lo tanto, estoy seguro de que han sido víctimas de una confusión, propia o inducida. La lucha es por rescatar el STEG para que sea un sindicalismo transformador, por recuperar su historia. Esta es una batalla que deben dar las izquierdas, políticas y sociales. No pretendan “quemar la casa para matar las cucarachas”.
Por eso inicié la presente columna refiriéndome al sindicato en el INDE.
