POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
Organizaciones sociales cuestionaron la «injustificada» secretividad del Ejecutivo en el proceso de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), así como la falta de claridad sobre los perfiles de las personas aspirantes a ocupar ese cargo. Otras instancias que también deben designar togados en la máxima autoridad constitucional sí han permitido la fiscalización y el acompañamiento de la sociedad civil en sus procesos.
El presidente Jimmy Morales fue evasivo, semanas atrás, al ser cuestionado por su postura de no establecer un proceso para transparentar la designación de magistrados en la CC.
Ante el planteamiento de que la ley no le prohibía hacer público el proceso, Morales respondió que legalmente no estaba obligado a hacerlo. «Cumplir la ley es transparencia», ha sido la respuesta del presidente al ser consultado por este tema en diferentes ocasiones.
Según Morales, todo proceso que se realice como indica la ley es, por consecuencia, transparente. De esta forma, como la ley no obliga a hacer pública esta elección, el mandatario se ha escudado en ese argumento.
De manera muy breve, el Presidente brindó declaraciones respecto a este tema a medios de comunicación en su viaje a Champerico, en donde se limitó a responder que para su selección tomarían en cuenta la honorabilidad de las personas postuladas.
Sin embargo, las organizaciones que conforman el Grupo Multisectorial, consideran que el Ejecutivo debe dejar de lado la secretividad y garantizar la publicidad en el proceso.
«Grupo Multisectorial es una conjunción de numerosas organizaciones procedentes de los distintos sectores de la sociedad, que se han constituido en monitores del proceso de integración de la Corte de Constitucionalidad, aportando propuestas a favor de la publicidad y la transparencia», refiere un comunicado de esa instancia.
El colectivo mencionado, luego de realizar un análisis, emitió un comunicado para reconocer la actitud de entes como el Congreso de la República, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y la Corte Suprema de Justicia, que han optado por llevar a cabo un proceso de designación de magistrados en forma pública; y por otro lado, criticar la opacidad con la que el mandatario lo ha manejado.
«Enfáticamente recomendamos al presidente Jimmy Morales que reconsidere su actitud ante la designación de magistrados de la CC, que del secretismo pase a la publicidad y a la transparencia», sugirieron.
Asimismo, hicieron ver que precisamente la poca transparencia con la que se llevan a cabo este tipo de procesos es lo que propicia que grupos de poder se infiltren a la institución, con intereses particulares, porque no permite que haya un adecuado procedimiento de selección abierto para la ciudadanía.
Finalmente, solicitaron a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), abrir investigaciones sobre las redes y estructuras de tráfico de influencias y corrupción que estarían afectando las designaciones.
«Hemos recibido denuncias sobre la eventual compra de votos y financiamientos oscuros en diferentes etapas y ámbitos del proceso, las cuales no debieran caer en el vacío y la indiferencia», aseguraron.
