POR SAIRA RAMOS
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Tras la negociación y suscripción del Pacto Colectivo de condiciones laborales entre el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor) y el Organismo Legislativo (OL), la contratación de personal presupuestado se multiplicó hasta 11 veces en 12 años. La semana pasada, la Procuraduría General de la Nación determinó que el acuerdo laboral es perjudicial para las finanzas del Estado, por lo que recomendó renegociarlo y anunció acciones legales contra los responsables.
La bancada Encuentro por Guatemala (EG) realizó un análisis del cual se desprende que los beneficios establecidos por el pacto colectivo para los trabajadores, sirvieron como incentivo para la contratación de más personal.
El análisis establece que la negociación y suscripción del convenio permitió que la contratación de personal presupuestado se haya disparado de 18 empleados en 1999 a 215 en 2011, según los datos oficiales.
Un cuadro de EG, señala que al año siguiente de la suscripción y negociación del convenio entre el Legislativo y el Sintracor, ese organismo invirtió Q1 millón 387 mil 705 mensuales en 100 trabajadores y desde esa fecha, el monto erogado no ha tenido reducciones significativas, sino que, por el contrario, ascendió (Ver recuadro: personal presupuestado por el Congreso).
El análisis no contempla las contrataciones del 2012 al 2015; sin embargo, La Hora reportó en julio pasado que, en los últimos cuatro años de la legislatura anterior, la planilla de trabajadores del Congreso aumentó más de 2 mil 800 plazas, por las contrataciones realizadas por los presidentes de ese organismo.
Las contrataciones se dispararon en las gestiones de los presidentes Arístides Crespo y Luis Rabbé, tiempo en que la Unidad de Libre Acceso a la Información Pública ha manejado los datos con más hermetismo.
La información del Legislativo refiere que, en ese organismo, hasta el 31 de mayo del 2015, se registraron 1 mil 604 trabajadores activos contratados bajo el renglón 011 y 1 mil 199 más contratados en el renglón 022.
De ellos, 222 fueron empleados como 011 en la gestión del expresidente Arístides Crespo del Partido Patriota (PP), entre 2014 y 2015, y 1 mil 112 más con un contrato 022.
Los datos de la gestión de Crespo se aproximan a los de la administración de Luis Rabbé, electo en 2014. En los primeros cinco meses de su gestión, Rabbé contrató a nueve personas bajo el renglón 011 y 1 mil 199 más con 022.
Las contrataciones también se dispararon en la gestión del exoficialista Pedro Muadi, 2013-2014, acusado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción.
Según la información del Congreso, durante la presidencia de Muadi se contrató a 133 personas bajo el renglón 011 y 936 más por 022, en éstos están incluidas las 15 plazas fantasma con las que el aludido desfalcó Q630 mil, según las investigaciones de los entes investigadores.
El diputado Gudy Rivera, en el primer año de la legislatura anterior, empleó solo a una persona con renglón 011 y 664 con un contrato 022.
¿CÓMO, CUÁNDO Y QUIÉNES FIRMARON EL PACTO COLECTIVO?
El primer pacto colectivo del Congreso data de 1999, durante la presidencia del exdiputado Leonel Eliseo López Rodas, del Partido de Avanzada Nacional (PAN). El Sintracor logró el convenio después de casi seis años de una “incansable lucha”, recuerda Alfredo Tumax, actual secretario general del sindicato.
La suscripción de dicho convenio buscaba parar las “violaciones a los derechos laborales que se cometían en esa época y ponerle fin a las injusticias que cada año se repetían, en donde se hacían listas negras del personal no apto como trabajador de ese alto organismo”, explica el portal electrónico del Sintracor.
Para alcanzar mejores condiciones laborales, el Sintracor, creado el 29 de enero de 1993, fortaleció sus procesos administrativos con la participación en eventos sindicales organizados por la Central General de Trabajadores de Guatemala y con el apoyo de la Federación Nacional de Sindicatos de Empleados Públicos.
Seis años después, el sindicato del Congreso negoció y suscribió el primer pacto colectivo de condiciones de trabajo, con el que logró beneficios para los empleados, tales como el goce de una licencia familiar de cinco días hábiles, la cual pueden utilizar en caso del fallecimiento de un pariente, por matrimonio y en caso de enfermedad grave de los padres, cónyuge o hijos del trabajador.
Además, se otorgaron licencias para ausentarse del trabajo por eventos de carácter sindical, judicial, administrativo y de seguridad social.
A partir de entonces, los trabajadores del Congreso también pueden obtener licencias de carácter estudiantil, toda vez que demuestren estar inscritos en una casa de estudios y que asistan regularmente a clases.
Esta última licencia se amplió con la renegociación del Pacto Colectivo en 2005, durante la presidencia del exdiputado Jorge Méndez Herbruger, en el cual se estableció el goce de licencias con salario pagado por dos meses para aquellos trabajadores que sean estudiantes universitarios puedan dedicarse a preparar su examen privado. Este tiempo se concede solo una vez.
Los firmantes de este primer convenio en 1999 fueron los diputados López Rodas, Rubén Darío Morales Veliz y Ana María Villegas de Florián. Además, firmó el secretario Luis Enrique González Villatoro y el director de Personal, Édgar Enrique Gordillo Valenzuela.
BENEFICIOS PARA EL SINTRACOR Y LOS EMPLEADOS
Entre los otros beneficios que aprobó el exdiputado López Rodas en 1999 para el Sintracor, es que el grupo sindical tenga su sede dentro de las instalaciones legislativas, la cual debe estar equipada con mobiliario y útiles de oficina. Asimismo, tiene carteleras informativas en el Congreso para uso exclusivo de ese movimiento.
Este privilegio se amplió con la autorización de Méndez Herbruger, ya que se acordó que cuando los miembros del Comité Ejecutivo del Sintracor necesiten transporte para sus actividades sindicales, pueden solicitar a la Dirección Administrativa la asignación de un vehículo del Congreso con un conductor para tal efecto.
Para los trabajadores legislativos se estableció una jornada laboral de lunes a viernes de 7:00 a 16:30 horas. No obstante, para el personal de conserjería, al cual pertenece Tumax, se estableció un horario de 7:00 a 15:30 horas. En el primer pacto, todos los empleados sin restricción alguna tenían un horario de 9:00 a 17:30 horas.
En 2005, la comisión negociadora del convenio laboral estuvo a cargo de Jorge Méndez Herbruger, Francisco Javier del Valle, Mauricio Nohé León Corado, Héctor Julio Pérez Rojas y la asesora, Evelyn Ruth Rebuli Villavicencio.
BONOS E INCREMENTOS
Los acuerdos del pacto colectivo que más polémica han causado en las últimas semanas, y por los cuales la PGN sugirió una renegociación, son los referentes a incrementos salariales, dietas y bonos.
Dentro del Pacto Colectivo del OL, el exdiputado López Rodas acordó con los miembros del Sintracor un aumento anual del diez por ciento en los salarios.
A esto se sumó un bono por “servicio ininterrumpido” o por antigüedad, que establecía un ingreso extra de Q50 para los empleados con cinco a diez años de trabajo parlamentario, de Q75 para los que tuvieran de diez a veinte años, y Q100 para quienes tuvieran más de 20 años de trabajo.
Con la renegociación de Méndez Herbruger, el bono se incrementó a Q75 para el primer grupo, Q400 para el segundo y Q600 para el tercero.
Además, el Sintracor pactó con la presidencia del Congreso en 2005 para que los asalariados reciban un bono de Q600 cada vez que tomen sus 22 días hábiles de vacaciones, una ayuda de Q2 mil 500 por el fallecimiento de un cónyuge, hijo o padre; Q800 como bono de la Navidad y Q500 más por la canasta navideña que no entrega el Congreso, aunque sí el grupo sindical.
A dichos beneficios, se suma la garantía de un servicio médico, ayuda para la realización de deportes, gafetes, uniformes diarios y un jardín infantil para los hijos de los empleados, el cual es atendido por cuatro maestros de pre-primaria, una niñera y una directora, contratados bajo el renglón 011.
En virtud de lo acordado en el pacto colectivo, el Congreso debe emplear a un asesor exclusivo para el Sintracor bajo el renglón 029, con honorarios de Q10 mil.
Además, el OL no puede despedir a un asalariado sin indemnizarlo con el equivalente a un mes de su salario por cada año de servicio continúo.
Ante todos los beneficios adquiridos, el sindicato mayoritario dejó claro en su Pacto Colectivo de 1999 que los mencionados beneficios por ninguna forma pueden ser disminuidos, sino que, por el contrario, en cada renegociación los sindicalistas deben buscar mejoras para los empleados legislativos.
SIETE AÑOS Y EL MISMO PACTO
El pacto colectivo firmado en 2005 debió renegociarse en 2008, durante la administración del expresidente Eduardo Meyer Maldonado. Sin embargo, el acuerdo no se concretó porque el exdiputado se vio implicado en un caso de corrupción por el desvío de Q82.8 millones del Congreso hacia la firma financiera Mercados del Futuro (MDF).
El Sintracor denunció el retraso en la renegociación del pacto ante el Ministerio de Trabajo y años después, durante la presidencia de Luis Rabbé, dirigió una misiva a los miembros de la Junta Directiva mostrando su interés en modificar el convenio laboral.
Esa junta tuvo los primeros acercamientos con el sindicato a través del diputado Julio López Villatoro de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); sin embargo, no se alcanzaron acuerdos.
En este año, tras la publicación de la nómina de trabajadores del Congreso, el Sintracor reiteró su interés en modificar el pacto a la directiva a cargo de Mario Taracena de la UNE, quien delegó a los diputados Carlos Barreda, Inés Castillo y Ronald Arango, para que integren la Junta Mixta con Tumax y con el secretario de conflictos de ese movimiento, Ovidio Salic, para que alcancen un acuerdo.
A la fecha, el sindicato del OL revisa el análisis que hizo la PGN respecto a dicho convenio, donde afirmó que resulta ser “perjudicial para el Estado en virtud que causa un alto impacto financiero y compromete seriamente su situación financiera”.
La PGN argumenta que la negociación y suscripción del Pacto no observó las normas Constitucionales, presupuestarias, de la Ley de Probidad y demás que analizó esa entidad. Por este caso, los abogados de la Procuraduría advirtieron accionarían contra de los funcionarios que autorizaron el convenio.
